Impugnan Ley Minera ante la SCJN por inconstitucional

Diputados de posición promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la Ley Minera que se aprobó en abril de este año.

Legisladores del PRI, PAN y PRD presentaron la impugnación por considerar que la reforma violó el proceso legislativo, sin tomar en cuenta trámites y pasando por alto lo establecido en la Constitución, las leyes y el reglamento de la Cámara de Diputados.

“La Ley Minera atenta contra la competitividad del territorio mexicano y los derechos humanos”, dijo Jorge Triana Tena, diputado del PAN.

“En esencia, el agravio principal es que se está abusando de una figura que ciertamente existe en la Ley Orgánica del Congreso, que se llama la urgencia y obviedad”, mencionó.

“No puede ser que cuando vayamos a sesionar levante la mano a algún diputado o diputada de Morena y diga, quiero que esto se trate de urgencia y obviedad y con una mayoría simple y a mano alzada, sin ningún tipo de análisis ni de justificación, se salte todo el trámite legislativo”, abundó.

Mencionó que la reforma no se analizó en comisiones, no se realizaron foros de parlamento abierto, no se cumplió con la temporalidad, “es un verdadero atropello a los derechos de las minorías parlamentarias”.

Este actuar, dijo, fue a espaldas de la ciudadanía y con todo el cinismo que caracteriza a Morena y aliados, se ha vuelto una práctica común en el Congreso que debe ser detenida, porque ponen en riesgo la autonomía del Congreso, al permitir que desde Palacio Nacional impongan lo que no conocen y dejando que el Ejecutivo siga usando de marionetas al Poder Legislativo.

“Ha habido violaciones tanto de forma, como de fondo; de fondo, porque violentan derechos humanos, atentan contra la Constitución, son regresivas en el acceso de las personas de las y los mexicanos a sus derechos, lamentablemente Morena le ha dado la espalda al pueblo que juró proteger”, añadió.

La Ley Minera reduce las concesiones de las empresas de 100 a 30 años y les impone nuevas obligaciones en materia de impacto ambiental y cuidado hídrico, entre otros cambios.

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