En 2013 se concretó un esfuerzo sin precedente rumbo a la transformación del sector energético de México. En diciembre de ese año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Constitución en materia de energía, un hecho que materializó la visión y los anhelos de las clases política y económica del país.
Hasta antes de esa fecha, en el país funcionaba un andamiaje jurídico cerrado a la competencia y un arreglo institucional con contrapesos ineficientes. La obsolescencia de las reglas tenía contra la pared a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que entonces operaban como organismos públicos descentralizados, y que cada vez con mayor frecuencia, evidenciaban deficiencias para atender las necesidades energéticas de la nación.
Las reformas constitucionales de 2013 marcaron un cambio significativo en la concepción del sector energético en México. Tres aspectos principales destacaron: la apertura a la participación del sector privado en actividades estratégicas de las industrias de hidrocarburos y electricidad; el fortalecimiento de la autonomía de los órganos reguladores en materia energética; y la reestructuración interna de PEMEX y la CFE.
Para dar cumplimiento a estas reformas, un año después se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de decretos que establecieron 21 leyes secundarias y 25 reglamentos. La magnitud de esta legislación reflejó claramente el alcance de los cambios propuestos.
Esta transformación colocó a México en el radar de inversionistas nacionales e internacionales. De forma repentina, el mundo financiero y empresarial se despertó con una nueva y atractiva cartera de oportunidades en un sector estratégico, dentro de un país relativamente estable.
Fue así como desde 2014, el país abrió sus puertas a inversiones en la exploración y producción de hidrocarburos, la construcción y operación de terminales de almacenamiento de petrolíferos, así como en la comercialización de combustibles. También surgieron oportunidades en la generación y comercialización de electricidad y en el comercio de gas natural, todo ello bajo la supervisión de una burocracia técnica altamente preparada y talentosa.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018, pronto empezó a imponerse la idea de que estos cambios legales y regulatorios en el sector energético habían debilitado a lo que ahora eran las empresas productivas del Estado: PEMEX y la CFE. Dos empresas, por cierto, con un lugar especial en el imaginario colectivo.
No pasó mucho tiempo para que, durante el primer Gobierno de la Cuarta Transformación, se tomaran decisiones encaminadas a revertir la apertura del sector energético. En primer lugar, se cancelaron las subastas eléctricas y se suspendieron las licitaciones para la exploración y producción de hidrocarburos. Posteriormente, se renegociaron los contratos de transporte de gas natural y se puso fin a la política regulatoria que permitía la participación del sector privado en los mercados eléctrico y de combustibles.
Hacia la segunda mitad del sexenio del Presidente López Obrador, se emprendió un esfuerzo sin precedentes para ajustar el marco jurídico del sector energético a la visión del Gobierno. Este proceso comenzó con propuestas de reformas a las leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos, y culminó con una iniciativa para modificar la Constitución, buscando revertir los cambios establecidos en 2013.
Ninguna de éstas pudo materializarse. La primera se detuvo a través de amparos en tribunales y la segunda careció del consenso político necesario para transitar en el Congreso. En realidad, poco importó el pleito entre el Gobierno obradorista y los opositores. El funcionamiento del sector estaba contaminado, desde 2019, por un alto grado de incertidumbre jurídica y por la certeza política de que, para avanzar (lo que sea que eso significaba), era necesario mantener la interlocución con las autoridades energéticas en los términos definidos desde Palacio Nacional.
Para cuando Claudia Sheinbaum tomó posesión como Presidenta de México, entre un grupo mayoritario de la sociedad de México se había consolidado la percepción de que los cambios legales al sector energético de 2013 – 2014 habían significado una afrenta para PEMEX y la CFE. Influyeron, en esta percepción, al menos cuatro elementos: la rapidez de los cambios emprendidos entre 2013 – 2014, la falta de una sólida estrategia para comunicar los beneficios del modelo de apertura energética, el incumplimiento de las metas relacionadas con el nuevo modelo y, desde luego, las constantes críticas de López Obrador a ese esquema.
