La trazabilidad de combustibles se perfila como un riesgo fiscal para empresas del sector energético, ante la posibilidad de que discrepancias en volúmenes deriven en contingencias en el pago del IEPS, afirmó Marcial Díaz, experto de la consultoría Qua Energy.
El experto advirtió que diferencias no aclaradas entre volúmenes comprados, transportados y vendidos pueden escalar de ajustes administrativos a observaciones fiscales relevantes, en un contexto donde la autoridad busca mayor control sobre la cadena de valor de gasolinas y diésel.
El tema se enmarca en una discusión más amplia sobre el combate al mercado ilegal de combustibles, particularmente tras el aseguramiento de más de 59 millones de litros en una terminal en Guanajuato, que detonó cuestionamientos sobre la procedencia del producto y la capacidad de las autoridades para acreditarla.
El huachicol ha cambiado
El fenómeno del huachicol ha evolucionado de prácticas asociadas a tomas clandestinas a un entramado que involucra importaciones, aduanas, pedimentos, comprobantes fiscales digitales (CFDI), controles volumétricos y logística, de acuerdo con el experto.
En este contexto, la trazabilidad, entendida como la capacidad de identificar el origen, tránsito, almacenamiento, comercialización y tributación del combustible, se convierte en un eje central tanto para la fiscalización como para la operación empresarial.
El principio que guía este esquema es que los volúmenes deben mantener una correspondencia exacta entre registros físicos y documentales.
No obstante, Marcial Díaz señala que en la práctica operativa existen factores como variaciones térmicas, mermas logísticas y desfases entre facturación y entrega que pueden generar diferencias sin implicar necesariamente conductas ilícitas.
Esta situación plantea un reto para autoridades y empresas, al requerir la distinción entre irregularidades técnicas y posibles esquemas de evasión o contrabando. La integración de expedientes con pedimentos, controles volumétricos, contratos y registros contables se vuelve clave para sustentar la legalidad de las operaciones.
El experto prevé hacia 2027 un endurecimiento en los mecanismos de trazabilidad para efectos del IEPS, lo que incrementará la exigencia de consistencia documental en toda la cadena de suministro.
Ante este escenario, empresas de comercialización, distribución, transporte y expendio enfrentan la necesidad de fortalecer sus controles internos y sistemas de monitoreo para asegurar la congruencia de sus operaciones.
Así, el combate al huachicol y las nuevas disposiciones en materia de trazabilidad convergen en un mismo eje, con la capacidad de demostrar el origen y recorrido de cada litro de combustible dentro del mercado formal, añadió.
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