Las empresas que participan en la cadena de petrolíferos tendrán que acreditar documentalmente el origen y recorrido de cada litro de combustible que manejan, ante un escenario de mayor fiscalización sobre la trazabilidad de los hidrocarburos, señaló Isaías Romero Escalona, director general de Consorcio DCP Ingeniería, en entrevista con Energy21.
El caso de San José Iturbide, Guanajuato, donde la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el aseguramiento de más de 59 millones de litros cuyo origen presuntamente no había sido acreditado, muestra la relevancia que puede adquirir la documentación de cada movimiento dentro de la cadena de suministro, señaló Romero, quien también fue presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).
El experto recordó que la investigación comenzó el 3 de julio a partir de una pipa cuya trazabilidad no pudo demostrarse y posteriormente derivó en cateos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y San José Iturbide.
“Ya no será suficiente demostrar que tengo permiso para operar. Habrá que poder demostrar que este litro específico entró legalmente, pertenece a esta empresa, llegó por esta ruta, fue transportado por esta unidad, estuvo en este tanque, fue transferido en esta fecha y terminó en este punto de venta”, afirmó Romero.
Mayor fiscalización
El especialista consideró que la trazabilidad será uno de los principales puntos de revisión para las empresas, incluso cuando cuenten con permisos e instalaciones autorizadas.
El caso de San José Iturbide es relevante en este sentido porque la instalación involucrada sería una terminal formal de almacenamiento que presta servicios a distintas empresas. SIMSA ha sostenido que cuenta con permisos y que no es propietaria del producto, mientras que hasta ahora no se ha acreditado públicamente que los 59 millones de litros tengan una procedencia ilícita.
Para Romero, esto coloca en primer plano la diferencia entre tener físicamente el combustible y acreditar su propiedad. Una terminal puede almacenar producto de terceros, por lo que documentos de propiedad, custodia, mandato, prestación de servicios y transferencia adquieren relevancia para establecer quién es responsable del producto en cada momento.
El siguiente punto es la consistencia documental, pues las facturas, permisos, pedimentos y registros de transporte no serían revisados de manera aislada, sino que la autoridad podría relacionarlos para reconstruir la operación.
Una diferencia en el volumen, la fecha, la razón social, el origen del producto o la unidad utilizada para transportarlo puede convertirse en un elemento de revisión, señaló Romero.
Investigaciones más complejas
La revisión también puede avanzar entre distintos eslabones de la cadena. Una operación que comienza con una pipa que llega a una estación de servicio puede llevar a la autoridad a revisar el origen del producto y eventualmente llegar hasta una terminal de almacenamiento.
Esto incrementa la importancia de contar con expedientes capaces de reconstruir las operaciones de manera integral y no únicamente con documentos que acrediten por separado el cumplimiento de una obligación.
El impacto de una investigación, además, puede presentarse antes de que exista una determinación judicial definitiva. El experto identifica entre los posibles efectos la inmovilización de producto, suspensión temporal de operaciones, problemas de flujo de efectivo, incumplimientos con clientes, interrupciones de suministro y revisiones adicionales de bancos y aseguradoras.
En este proceso participan distintos ámbitos regulatorios, por lo que la acreditación del origen y legalidad del combustible puede involucrar documentación relacionada con Aduanas, la FGR, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía (Sener).
Romero señaló que el caso de San José Iturbide continúa abierto y que todavía es prematuro concluir que los 59 millones de litros asegurados sean de procedencia ilícita. La propia FGR sostiene que el origen del hidrocarburo no ha sido acreditado y que la investigación continúa.
Para las empresas del sector, el punto central será entonces poder responder de manera inmediata a una eventual revisión, en donde se indague de dónde salió el combustible, quién era su propietario, cómo fue transportado, en qué tanque fue almacenado, cuándo fue transferido y cuál fue su destino, añade el experto.
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