La reforma Judicial, la que plantea desaparecer a los organismos reguladores y la pausa en las relaciones con Estados Unidos y Canadá, podrían poner en riesgo la revisión del T-MEC, alertó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Poner en pausa la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por parte de la administración de López Obrador tras su opinión sobre la reforma judicial que se discute en México puede poner en riesgo la revisión del TEMEC”, detalla el organismo.
Pero no solo eso, diversos países que tienen inversiones en México pueden estar preocupados por el entorno de una débil seguridad jurídica que pudiesen enfrentar con las reformas propuestas, destaca.
Explica que ahora que finalmente se aprobó la super mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, esto debería de llevar a nuestros legisladores a tomar con gran responsabilidad su posición frente a estas reformas y tener en cuenta que desaparecer a los órganos autónomos convertiría al gobierno en juez y parte. En el Congreso la opinión debe ser plural y respetada.
“En este contexto, las alertas son diversas y comienzan a hacerse presentes. El tipo de cambio respondió con una depreciación de más de 5 por ciento en los últimos diez días”, detalla.
“El Gobierno debería tener en cuenta que hay poco más de 20 millones de habitantes que no votaron por su proyecto y, por ende, su opinión sobre las reformas propuestas es tan válida como cualquiera de sus votantes. De hecho, el compromiso es gobernar para todos”, indica el CCE.
Explica que hay una importante sensibilidad a la incertidumbre, hoy México, un país que con grado de inversión está pagando en su deuda de largo plazo tasas superiores a 10 por ciento, otros países con grados similares en desarrollo económico y grado de inversión están pagando tasas inferiores a 5 por ciento. Esto sin duda ya refleja un riesgo mayor en relación con otros países similares.
Esto puede tener una incidencia relevante en la salud de las finanzas públicas. Si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda tiene programado reducir el déficit público en 2.9 puntos del PIB y, específicamente, 2.8 puntos en el gasto programable, se puede intuir, de concretarse esa reducción, que podrían ser diversos programas que benefician a la población los que se pueden ver afectados.
Por su parte, el gasto no programable, que incluye el pago de intereses, se reduce en solo una décima del PIB, lo que implica el elevado costo de la deuda y las participaciones, añade.
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