El senado de la República lanzó una iniciativa de reforma legal denominada Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos, para la Mitigación de Emisiones de Gases, que plantea, entre otras cosas, la separación obligatoria de residuos.
La iniciativa fue promovida por un grupo de legisladores encabezados por la senadora Maki Ortiz, cuya propuesta busca dar respuesta a la crisis ambiental y climática mediante un nuevo paradigma que articula la economía circular, la reducción de emisiones contaminantes y una gestión eficiente de residuos.
Según la exposición de motivos, México produce más de 44 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, de los cuales menos del 10% se recicla. Esto convierte al sector en una oportunidad clave para reducir emisiones, en particular de metano, gas que tiene un potencial de calentamiento 80 veces mayor que el CO₂.
La reforma busca reemplazar el modelo lineal de “producir-consumir-desechar” por uno circular, donde se privilegien el rediseño de productos, el reciclaje y la reutilización de materiales, incorporar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como eje legal de la gestión de residuos.
También promueve establecer la separación obligatoria de residuos desde su origen, particularmente entre orgánicos e inorgánicos, como política nacional, promover la valorización energética de residuos, con tecnologías como el coprocesamiento, la pirolisis y la generación de biogás, fortalecer la trazabilidad y responsabilidad extendida del productor, para cerrar el ciclo de vida de los productos.
Además introduce mecanismos de certificación e incentivos fiscales para empresas con prácticas sustentables, establece obligaciones legales para los tres niveles de gobierno y una mejor coordinación institucional, y articula la política de residuos con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, especialmente con el Eje de Desarrollo Sustentable.
Considera a Tula, Hidalgo, como epicentro de un megaproyecto de economía circular a nivel nacional.
El proyecto se alinea con la meta nacional de reducir 35% las emisiones de GEI al año 2030. Según datos citados por la iniciativa, medidas en el sector de residuos podrían evitar hasta 140 mil toneladas de CO₂ equivalente para esa fecha.
Además, se busca emular casos exitosos como el de Corea del Sur, donde el reciclaje de residuos orgánicos supera el 97%, gracias a esquemas de educación ambiental, sanciones e incentivos económicos.
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