Petróleos Mexicanos (PEMEX) incumplió el contrato de suministro de combustibles con el Gobierno de la CDMX, poniendo en riesgo el abasto de más de 29 mil vehículos que dan diferentes servicios a los ciudadanos, y obligando a la entidad a buscar otro proveedor de último momento.
El Gobierno de la CDMX informó que Pemex Transformación Industrial, filial encargada del suministro, notificó el 7 de mayo de 2025 la terminación anticipada del contrato DEAS-08-2025, firmado apenas en diciembre del año anterior, para la adquisición consolidada de gasolina y diésel.
Ante esta ruptura unilateral del acuerdo por parte de PEMEX, el Gobierno de la Ciudad se vio obligado a actuar de manera urgente para evitar el colapso en áreas críticas de operación urbana.
La decisión dejó a la administración capitalina sin un proveedor confiable para abastecer a más de 29 mil vehículos con los que se atienden servicios de emergencia, médicos, de vigilancia, bomberos, de suministro de agua potable, y de limpieza, entre otros.
De esta forma, PEMEX no solo falló en su obligación contractual, sino que puso en riesgo el funcionamiento de servicios prioritarios para millones de habitantes.
La Dirección General de Recursos Materiales evaluó opciones inmediatas y adjudicó directamente el suministro a la empresa Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V., que sí demostró contar con la infraestructura, solvencia y capacidad logística para garantizar la continuidad del servicio.
El nuevo proveedor, además de contar con una red amplia de estaciones, tiene la capacidad tecnológica, mediante tarjetas y dispositivos TAG, para permitir una migración inmediata sin interrumpir la operación del parque vehicular oficial.
Aunque PEMEX ha sido históricamente considerado proveedor preferente para los gobiernos locales y federales, su debilidad logística y falta de previsión quedaron en evidencia.
Esta situación genera dudas sobre su viabilidad como suministrador confiable, en momentos donde se esperaría que el Estado impulse modelos energéticos eficientes y robustos.
A pesar de la urgencia, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso con la transparencia y la eficiencia, asegurando que ya se iniciaron los trabajos para una licitación pública que tendrá lugar en agosto, en la que se buscarán las mejores condiciones para la ciudad.
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