La entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos está generando incertidumbre regulatoria para miles de empresas que operan instalaciones de autoconsumo y almacenamiento de combustibles para usos propios, advirtió Saidh Martínez, director de operaciones de la consultora ASSIST.
En un análisis, el experto señaló que industrias, empresas logísticas y constructoras enfrentan dudas sobre cómo adaptar sus operaciones al nuevo marco regulatorio sin afectar su continuidad operativa.
“El sector se enfrenta todavía a múltiples interrogantes regulatorias y operativas que requieren interpretación técnica, jurídica y operativa”, indicó.
Uno de los principales desafíos, explicó, es que todavía no existe claridad sobre el número real de instalaciones que podrían quedar sujetas a regulación.
Mientras algunas estimaciones apuntan a unas 30 mil instalaciones, actores del mercado consideran que la cifra podría superar las 100 mil en todo el país.
De acuerdo con Martínez, las autoridades podrían recurrir a herramientas como controles volumétricos del SAT, información de distribuidores y comercializadores o incluso censos sectoriales para identificar a los usuarios que realizan autoconsumo o almacenamiento para usos propios.
Otro de los puntos críticos es la falta de definiciones claras entre instalaciones consideradas de autoconsumo y aquellas clasificadas como almacenamiento para usos propios.
El especialista explicó que existen casos donde instalaciones operan físicamente como almacenamiento, aunque legalmente podrían clasificarse como autoconsumo, y viceversa.
“La falta de definiciones puede generar riesgos de cumplimiento, sanciones o inversiones innecesarias”, advirtió.
Además, señaló que el nuevo marco todavía no establece volúmenes mínimos claros para determinar qué instalaciones deberán incorporarse al esquema regulatorio.
Martínez también destacó que algunos sectores productivos requieren criterios regulatorios diferenciados, particularmente actividades como construcción de carreteras, puentes e infraestructura, donde el abastecimiento de combustibles suele realizarse en zonas alejadas y bajo operaciones móviles.
“Exigir instalaciones fijas o esquemas tradicionales de abastecimiento puede resultar poco viable desde el punto de vista operativo”, sostuvo.
Otro reto identificado es cómo regular empresas que utilizan distintos combustibles, como diésel, gas LP y gas natural, tanto para autoconsumo como almacenamiento propio, sin que aún exista claridad sobre si requerirán permisos separados o integrados.
A la complejidad operativa se suma el componente ambiental. El especialista indicó que muchas instalaciones ya cuentan con autorizaciones ambientales emitidas por autoridades distintas a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por lo que será necesario definir cómo se integrarán esos permisos al nuevo esquema regulatorio y evitar duplicidades administrativas.
