La desaparición de los organismos reguladores en energía, telecomunicaciones y competencia económica provocarán que el Ejecutivo federal concentre más poder y que la toma de decisiones sea menos transparente, señala un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Una de las reformas que está empujando el presidente Andrés Manuel López Obrador implica la extinción de siete organismos autónomos, que incluyen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); los órganos se integrarían a dependencias de la Administración Pública Federal. La desaparición de los siete organismos afecta la arquitectura institucional, genera desequilibrios al incrementar la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo, indica el organismo.
“Además, la eliminación del IFT, la Cofece y la CRE -y su integración a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Energy (SENER), respectivamente- tiene potenciales conflictos directos con ciertas disposiciones del T-MEC”, señala el IMCO.
Dentro de estas obligaciones se encuentra la de asegurar la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente, imparcial y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones (capítulo 18: Telecomunicaciones).
Mantener una autoridad o autoridades nacionales de competencia que sean responsables de la aplicación de las leyes nacionales de competencia y den trato no menos favorable a personas de cualquier país miembro del T-MEC (capítulo 21: Políticas de Competencia).
Garantizar que los órganos administrativos que regulan a Empresas del Estado (incluyendo aquellas que operan en el sector energético) ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial (capítulo 22: Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados).
“Independientemente de los conflictos con el T-MEC, la eliminación de organismos autónomos con responsabilidades regulatorias y de evaluación tendría implicaciones negativas para la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos a los poderes públicos en México, elementos cruciales para la competitividad y la certeza jurídica del país”, alerta el IMCO.
Por otro lado, la propuesta de reforma en materia de industrias estratégicas del Estado que plantea limitar la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para celebrar contratos con empresas privadas en transmisión y distribución eléctrica y establecer la prevalencia de la CFE (una empresa propiedad del Estado) sobre empresas privadas, genera conflictos con otras disposiciones del T-MEC.
Estas disposiciones establecen que, si un país abre más su economía permitiendo más comercio, inversión o participación extranjera, no podrá retroceder esas medidas en el futuro ni cerrar sectores previamente abiertos a participación privada (capítulo 14: Inversión).
Prohíben el trato preferencial al requerir que se dé un trato no menos favorable a las inversiones de los países del T-MEC respecto a las nacionales (capítulo 14: Inversión).
Exigen que se otorgue un trato no discriminatorio para empresas de los países miembros del T-MEC respecto a las empresas propiedad del Estado de esos países (capítulo 22: Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados), añade el IMCO.
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