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El dilema de la manguera rota

La fiscalización gasolinera debe combatir irregularidades sin frenar la operación formal ni afectar empleos e inversión.

Marcial Díaz by Marcial Díaz
30 junio, 2026
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El dilema de la manguera rota

La actividad de expendio al público de gasolinas y diésel en México ha dejado de ser una simple transacción comercial para convertirse en el epicentro de una compleja batalla regulatoria. Las recientes visitas de verificación y la ola de clausuras abren un debate impostergable en el sector: ¿estamos presenciando una legítima defensa del consumidor y de la seguridad nacional, o una estrategia de presión institucional que raya en la asfixia operativa?

La intervención de dependencias y órganos reguladores como la PROFECO, la CNE, el SAT y la ASEA, no solo es legal, sino indispensable. Desde una perspectiva técnica, las inspecciones bajo la NOM-005-ASEA-2016 son herramientas preventivas vitales para la gestión de riesgos y la seguridad industrial en instalaciones que manejan sustancias inflamables; un criterio de orden público respaldado firmemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La paradoja digital y la desproporcionalidad

Sin embargo, el diablo está en los detalles y, sobre todo, en la desproporcionalidad de las sanciones. El marco normativo actual permite que fallas administrativas menores o discrepancias técnicas mínimas –muchas veces provocadas por variaciones térmicas naturales en los tanques y volumétricos– deriven en la clausura inmediata del establecimiento.

La paradoja más crítica del día a día operativo es que los inspectores federales suelen rechazar sistemáticamente las versiones digitales de los permisos oficiales que las propias dependencias gubernamentales generan. Esta desconexión entre la digitalización del Estado y la verificación física en sitio traba la operación legal de forma absurda.

Esta campaña de fiscalización, que acumula cerca de 80 clausuras de estaciones de servicio en los últimos dos meses, se ha concentrado prioritariamente en corredores comerciales de alta densidad vehicular. Marcas e importadores internacionales, así como establecimientos con precios finales más elevados, han sido los objetivos principales.

Aquí radica otra gran inconsistencia: el gremio gasolinero decidió apoyar la política energética del gobierno federal mediante pactos de precios para contener la inflación en la gasolina regular y el diésel, sacrificando y estrechando sus márgenes de utilidad. A cambio, el sector no encuentra reciprocidad ni homogeneidad en los criterios que se ejercen durante las visitas de inspección.

El impacto colateral

Cerrar una estación de servicio por un error de trámite o una inconsistencia digital no grave no es regular; es paralizar una microeconomía local y congelar la inversión en infraestructura energética.

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Nadie defiende la impunidad. Las estaciones que vendan combustible ilícito o alteren dispensarios deben ser sancionadas con todo el peso de la ley. Pero una regulación eficiente debe operar como bisturí, no como mazo. El reto del Estado mexicano es pasar de un modelo punitivo y espectacular, medido por clausuras exhibidas públicamente, a uno de cumplimiento colaborativo.

Asfixiar el canal de distribución formal mediante trabas burocráticas genera tres efectos perversos:

  • Abre la puerta a la informalidad: Se incentiva involuntariamente el mercado ilícito.
  • Arriesga el abasto: Se compromete el suministro de combustible en zonas logísticas críticas.
  • Destrucción de empleo: Cada estación clausurada congela los ingresos de despachadores, personal de limpieza, técnicos y administrativos, vulnerando fuentes de trabajo esenciales.

Es urgente que la autoridad y el gremio gasolinero instalen una mesa de diálogo. El objetivo debe ser ampliar el compromiso sectorial para que, además del control de precios, se homologuen criterios de validación digital y se eviten cierres arbitrarios. Esto puede lograrse con esquemas de cumplimiento preventivo que otorguen plazos razonables para corregir errores sin dolo ni riesgo inminente.

Regular con eficacia significa salvaguardar empleos e inversiones mientras se mantiene el orden legal. Una manguera clausurada por exceso de burocracia no le sirve a la autoridad, no le sirve al empresario y, definitivamente, no le sirve a México.

Comenta y sigue a Marcial Díaz en X y LinkedIn.

Comenta y síguenos en X: @Energy21Mx

Esta columna se publicó originalmente en la edición de junio de la revista Energy21. ¡Consulta la edición completa!

Tags: ASEACNEcombustiblescumplimiento regulatorioGasolinerashuachicolProfecoregulación energéticaSAT

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