
El Gobierno federal habilitó un nuevo esquema que permitirá la compra de electricidad, potencia y servicios asociados en situaciones críticas, con el objetivo de garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de acuerdo con disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
El acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) establece que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) podrá activar mecanismos competitivos para adquirir energía en casos donde identifique riesgos en la operación del sistema, como insuficiencia de generación, alta demanda o fallas en infraestructura.
Este esquema, descrito en los numerales 2.1 y 2.2 del documento, contempla la posibilidad de lanzar convocatorias abiertas para contratar energía eléctrica y productos asociados cuando los recursos disponibles no sean suficientes para garantizar la confiabilidad del sistema.
Entre las causales para activar estas compras se encuentran la baja en las reservas operativas, salidas forzadas de centrales, retrasos en proyectos de generación o transmisión, así como cambios en la demanda o condiciones externas que afecten el suministro eléctrico.
El mecanismo también prevé que, antes de acudir al mercado, el CENACE evalúe el uso de recursos existentes, como centrales eléctricas móviles o ajustes operativos, y sólo en caso de ser insuficientes, proceda a la contratación adicional de energía.
Las disposiciones señalan que los participantes interesados podrán presentar ofertas bajo un esquema de “precio monómico”, es decir, un precio único por megawatt-hora que incluye todos los costos asociados a la generación y entrega de energía.
Además, se introduce la figura de “participante temporal del mercado”, que permite a nuevos generadores integrarse de forma ágil a estos procesos sin cumplir todos los requisitos tradicionales, como capital mínimo o cuotas de registro, con el fin de acelerar la respuesta ante contingencias.
El acuerdo también contempla la posibilidad de incorporar sistemas de almacenamiento de energía y centrales eléctricas móviles como parte de las soluciones para atender escenarios de riesgo en el suministro.
En materia de costos, se establece que los gastos derivados de estos mecanismos podrán distribuirse entre suministradores y usuarios calificados, o bien asignarse a quienes incumplan sus obligaciones de cobertura, conforme a lo previsto en la regulación.
La medida es parte del nuevo modelo institucional del sector eléctrico tras la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la creación de la Comisión Nacional de Energía, que ahora concentra funciones regulatorias y de supervisión.





