Desde la aprobación de la legislación secundaria en materia energética, orientada a implementar la reforma constitucional sobre áreas y empresas estratégicas, poco se ha discutido un aspecto que considero fun- damental: el nuevo marco de Planeación Energética.
En mi perspectiva, este elemento es de gran relevancia, ya que establece una planeación con carácter vinculante, basada en un enfoque social que impulsa una transición energética justa. Este enfoque es clave para alcanzar las metas de generación limpia y reducción de emisiones, desde una perspectiva renovada.
Específicamente, la expedición de estas leyes plantea una nueva forma de organización para el sector energético, comenzando con una visión de planeación vinculante, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE). Esto representa una oportunidad para que la Planeación Energética se desarrolle bajo un enfoque distinto, permitiendo que tanto el sector público como el privado orienten sus acciones hacia el cumplimiento de objetivos claros, cuantificables, medibles y verificables.
Es relevante considerar que dicho ordenamiento busca fungir como el hilo conductor de la política pública, al integrar de manera coherente la política energética, social, económica y ambiental, dentro de un marco programático específico que aún está por definirse en los próximos meses. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia una matriz de generación más limpia y sentar las bases para la descarbonización del sector energético, a través del establecimiento de metas claras en materia de generación limpia y reducción de emisiones.
Y aquí quiero resaltar su atención para hablar del marco programático, el cual deberá alinearse no solo con esta nueva visión de Planeación Energética, sino también con el Plan México y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Este último parte de una visión estatal con un enfoque social como eje rector de todas las actividades, sustentado en una política que busca fortalecer la soberanía energética y el control estatal.
Lo anterior implica limitar, e incluso prohibir expresamente en algunos casos, la participación directa del sector privado en la cadena productiva de recursos estratégicos, como el litio.
Me desconcierta que los Planes y Programas habilitadores de esta ambiciosa reforma energética —basada en un cambio de paradigma que exige modificar no solo los patrones de consumo de la sociedad, sino también la forma en que deben conducirse las autoridades— aún no hayan sido expedidos. Resuena en mi mente el cues- tionar si el marco programático realmente incluirá los objetivos y acciones concretas que permitan aterrizar las ideas progresistas desde un enfoque social en donde el Estado, como garante y rector del orden público y de la implementación y mejora continua de las políticas ener- géticas, ambientales y sociales, cuente con los elemen- tos para cumplir con tan ambiciosos propósitos.
La planeación vinculante, tal como lo establece la LPTE, fija lineamientos orientados a consolidar un modelo sostenible. En un contexto donde la descarbonización es una prioridad global y los estándares ambientales defi- nen el acceso al financiamiento, la ausencia de incentivos claros para proyectos alineados con estos criterios podría frenar la inversión en infraestructura energética, mientras que, una implementación adecuada de la legislación secundaria, con un enfoque de transición energética justa se traducirá en mayores inversiones y expansión del sector energético.
Aunado a lo anterior, resulta de vital importancia incorporar el concepto de transición energética justa, lo que implica un mayor involucramiento de las partes interesadas en la implementación de los proyectos. Lo anterior permitirá que éstos, mediante una consulta pública previa e informada y el cumplimiento de los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza, tracen un nuevo camino hacia la sostenibilidad del desarrollo.
El panorama de esta nueva forma de hacer política pública conlleva muchos retos a cumplir, pero también abre oportunidades significativas para el desarrollo comunitario, el impulso de energías limpias y la reducción de emisiones. Todo ello podría sentar las bases para que México se consolide en un referente mundial en la materia, junto con los beneficios que estas oportunidades representan en términos de criterios ESG.
Por último, considero que la implementación ordenada, sistemática y oportuna de dicha reforma, basada en la planeación vinculante, repercutirá en la calificación crediticia de las empresas públicas, CFE y PEMEX. De lograrse esta implementación, ambas podrían recuperar su papel como agentes de cambio comunitario, lo que se traduciría en mayores beneficios en materia ambiental, social y de gobernanza, permitiendo una reconfiguración gradual de la forma en que los proyectos energéticos, asegurando una distribución más equitativa de los bene- ficios entre las comunidades involucradas.
Es momento de reconfigurar nuestras acciones y aportar nuestro conocimiento y experiencia desde la trinchera que a cada uno le corresponda, actuando con congruencia en torno a la sostenibilidad del desarrollo. Solo así podrá traducirse en éxito la implementación de la reforma energética.
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