Durante años, el combate al mercado ilícito de combustibles en México se concentró en tomas clandestinas, ductos, estaciones de servicio y contrabando aduanero. Ahora, el Paquete Económico 2027 amplía el enfoque con la trazabilidad fiscal del IEPS en gasolinas y diésel a lo largo de toda la cadena. El objetivo es que cada litro deje una huella fiscal, documental y volumétrica verificable.
Del permiso a la trazabilidad integral
La regulación energética en México pasó de organizarse por eslabones separados –importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio– a una visión integral enfocada en seguir al producto. Contar con un permiso ya no será suficiente: la autoridad buscará reconstruir origen, intermediarios, transporte, volúmenes, impuestos y destino final, apoyada en controles volumétricos, CFDI, Carta Porte, pedimentos y reportes regulatorios.
Autoconsumo: el eslabón que entra al mapa
Dentro de esta reconfiguración, uno de los cambios regulatorios más relevantes de 2026 fue poner el foco en el autoconsumo.
Durante años, flotillas, constructoras, mineras, industrias, agroempresas y nodos logísticos operaron con menor visibilidad regulatoria que estaciones de servicio o terminales, pese a manejar grandes volúmenes de diésel y gasolina.
El Programa de Registro para instalaciones de Despacho para Autoconsumo, emitido por la Comisión Nacional de Energía, comenzó a cerrar esa brecha. A ello se suma el registro para almacenamiento de petrolíferos para usos propios.
La meta es integrar estos esquemas con controles volumétricos, comprobantes fiscales, documentación aduanera y trazabilidad del IEPS.
Compliance energético en toda la cadena
Este modelo transforma la gestión de riesgo para comercializadores, transportistas, almacenistas, estaciones de servicio y grandes consumidores.
El cumplimiento ya no puede limitarse a permisos y reportes. Será clave verificar clientes, proveedores y origen del combustible para reducir riesgos fiscales, regulatorios y penales.
Los contratos deberán incorporar cláusulas sobre procedencia lícita, integridad fiscal, vigencia de permisos y trazabilidad volumétrica. Además, la consistencia entre compras, inventarios, facturación y ventas será determinante ante una fiscalización cada vez más digital y basada en cruces de datos.
Nivelar el terreno de juego
Esta transformación también genera un impacto económico para el mercado formal. El combustible ilícito —por huachicol físico o fiscal— compite con ventaja al evadir impuestos y costos regulatorios.
Una trazabilidad efectiva del IEPS y de los volúmenes no solo protege la recaudación: también ayuda a reducir esa distorsión y a nivelar las condiciones para las empresas que operan dentro de la ley.
El riesgo de la asfixia regulatoria
El modelo enfrenta un riesgo: la sobrerregulación. México ya cuenta con un marco complejo en materia fiscal, energética, ambiental y aduanera. Si cada autoridad exige nuevos reportes y plataformas sin compartir información, aumentará la carga burocrática sin mejorar la supervisión.
El reto es que SAT, CNE, Sener, ANAM y otros reguladores crucen e interpreten los datos existentes. La tecnología debe reducir trámites para quienes cumplen y fortalecer la detección de irregularidades, evitando que el exceso regulatorio afecte al mercado formal mientras persisten espacios para la operación ilícita.
La nueva métrica del mercado
Registro de autoconsumo, almacenamiento para usos propios, controles volumétricos, CFDI y trazabilidad fiscal y aduanera convergen en un mismo objetivo.
Para las empresas, ya no bastará con tener un permiso vigente. También deberán reconstruir documental y digitalmente el recorrido de cada litro: origen, transporte, recepción, almacenamiento, destino e impuestos pagados.
La trazabilidad se vuelve así una condición operativa central. En el nuevo mercado de combustibles, conocer la huella completa del producto será parte esencial del cumplimiento.
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Esta columna se publicó originalmente en la edición de septiembre de la revista Energy21. ¡Consulta la edición completa!
