La Onexpo Nacional propuso que la adopción de pagos digitales en estaciones de gasolineras se realice de forma gradual, regional y sin una fecha límite a nivel nacional, en lugar de una implementación inmediata, ante las brechas de infraestructura y bancarización que persisten en el país.
Recientemente el Ejecutivo Federal presentó ante la cámara de diputados y se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos el 8 de septiembre de 2026 (22 artículos y 5 transitorios), la cual podría impedir el uso de efectivo como medio de pago en gasolineras. La iniciativa aún se discute en comisiones.
En un posicionamiento, la Onexpo Nacional señaló que la transición debe avanzar primero en zonas con conectividad suficiente y extenderse progresivamente hacia regiones con menor cobertura, para evitar afectaciones en el suministro de combustible y en la operación de las estaciones.
Riesgos
Los empresarios advirtieron que imponer un esquema digital de forma uniforme podría generar disrupciones, ya que la venta depende de factores como internet, energía eléctrica, terminales bancarias y sistemas de pago, cuya falla podría paralizar el despacho de combustibles.
Además, señalaron que la iniciativa contempla una excepción por “contingencia” que permitiría aceptar efectivo ante fallas tecnológicas, pero aún carece de definición regulatoria sobre qué constituye dicha situación y cómo se acreditaría
En este contexto, subrayaron que el combustible es un insumo esencial, por lo que ningún automovilista debería quedar imposibilitado de abastecerse por fallas ajenas a la estación o al propio usuario.
Si bien el gremio respaldó la digitalización por sus beneficios en seguridad, eficiencia y trazabilidad, insistió en que el cambio debe impulsarse mediante incentivos al consumidor, como recompensas o menores costos, y no a través de obligaciones regulatorias que trasladen riesgos a los permisionarios.
Baja bancarización
Uno de los principales retos identificados es la inclusión financiera, pues más de 25 millones de personas en México no están bancarizadas, lo que podría convertir la digitalización obligatoria en una barrera de acceso al combustible en ciertas regiones.
A ello se suman impactos financieros para las estaciones, como comisiones bancarias, contracargos y riesgos de fraude, costos inexistentes en operaciones en efectivo que podrían trasladarse al precio final si no se establecen mecanismos adecuados.
En el plano regulatorio, el sector advirtió que la iniciativa no prohíbe actualmente el uso de efectivo, pero sí abre la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda determine en el futuro sectores donde el pago digital sea obligatorio, sin criterios ni plazos definidos
Ante ello, los empresarios plantearon que cualquier avance hacia la digitalización debe sustentarse en indicadores verificables, como cobertura de telecomunicaciones, penetración bancaria, disponibilidad de terminales y niveles de fallas en el sistema de pagos.
También propusieron fortalecer alternativas sin costo como CoDi y Dimo, así como establecer reglas claras para delimitar responsabilidades entre estaciones, bancos y proveedores tecnológicos, evitando sanciones por fallas de terceros.
El sector reiteró su disposición a participar en el diseño de la política pública, pero advirtió que la digitalización solo será viable si garantiza continuidad en el suministro, inclusión financiera y condiciones equitativas para todos los actores del mercado.
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