En los últimos días fue presentado y votado en la Cámara de Diputados, el Dictamen que tiene como objeto la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos y los órganos reguladores. Particularmente, el dictamen que fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales busca la incorporación de las funciones de dichos órganos a otras dependencias de la Administración Pública Federal.
El Dictamen justificó estas acciones bajo el argumento de racionalizar los recursos públicos, promover la austeridad y evitar la duplicidad de funciones, con el fin de erradicar las desigualdades sociales. Según el documento, los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática y no han contribuido a una verdadera descentralización, sino más bien a una desconcentración administrativa.
La Iniciativa de la cual derivó el Dictamen que se aprobó tiene como intención la redistribución de los recursos públicos con base en la consideración de que tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La propuesta sostiene que la CRE, por ejemplo, ha otorgado permisos de generación eléctrica a particulares de manera desordenada, lo que ha puesto en riesgo las redes de transmisión y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Con la reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiría el establecimiento de tarifas eléctricas y la Secretaría de Energía (SENER) las demás funciones de la CRE.
En ese contexto, cabe mencionar que el Dictamen busca la incorporación de diversas facultades a diferentes órganos como el caso de las facultades en materia técnica energética a la Sener y a la CFE, sin especificar, por un lado, cuáles son los recursos humanos y materiales que serán destinados para dar cumplimiento a dichas facultades, y por el otro, sin considerar el raciocinio detrás de la creación de dichos órganos autónomos.
Es importante que recordemos que la razón detrás de la existencia de dichos órganos se basaba en el hecho de que debían contar con autonomía técnica, presupuestal y ser independientes para poder fijar las reglas que permitieran la operación del sector en cuestión. En nuestro caso, en el sector energético se requiere contar con una especialización técnica y regulatoria en materias complejas como los son la electricidad y el sector de los hidrocarburos.
Si bien, la CRE antes de la Reforma Energética era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa, encargado de la regulación de gas natural y energía eléctrica en México, también lo es que sus facultades estaban limitadas a ser ejercidas bajo la dirección e instrucciones de la Secretaría de Energía. Esta situación cambió radicalmente con la aprobación de la Reforma Energética en 2014 con la creación de los órganos coordinados en materia energética, ya que permitió que la CRE y la CNH pudieran tener independencia técnica y financiera para constituirse junto con la ASEA en un sistema de reguladores independientes y especializados, capaz de generar un sector energético seguro, confiable, competitivo y sustentable.
Es en este contexto ¿Realmente serán destinado a programas de seguridad social dichos recursos? ¿Vale la pena perder todo el conocimiento técnico que tiene el personal de los órganos coordinados en materia energética en aras de seguir con políticas de corte populista que eventualmente se revertirán en perjuicio de nuestra sociedad?
En términos de costo-beneficio, el perder toda la capacitación del personal técnico de la CRE pudiera representar un alto costo para la administración pública, aunado a que se avecina una parálisis regulatoria, que puede traducirse en perjuicio para el crecimiento del sector dado que el otorgamiento de permisos y el ejercicio de las facultades de la CRE se verá afectado dada la escasez de personal de la Sener junto con los riesgos que implica que CFE regule ciertas materias, de las cuales también será regulado.
Consideramos que el aprobar este Dictamen por la Cámara de Senadores representa un riesgo dado que destruirá a los órganos reguladores junto con su rol estratégico en el sector invadiendo ámbitos competenciales que a todas luces busca solo fortalecer a las empresas estatales y perjudicar a los privados. El retroceso en términos regulatorios que implica esta reforma es claro, quedará ver si nuestros legisladores ejercerán sus funciones adecuadamente, o solamente tomarán sus curules para cubrir la cuota partidista.
