El consumo mundial de energía se concentra principalmente en petróleo, gas, carbón y electricidad. De acuerdo con estudios recientes, el carbón y el petróleo representan 29% cada uno; el gas, 23%; la electricidad, 10%; la biomasa, 9%, y las fuentes derivadas del calor apenas 1%.
Los combustibles fósiles mantienen un peso dominante, especialmente en países productores como México. La extracción convencional de petróleo y gas natural implica altos costos de exploración para identificar yacimientos de hidrocarburos, gas seco o gas asociado, además de procesos de perforación en las zonas donde se ubican los campos.
Aunque este tipo de extracción puede ser menos contaminante por las tecnologías utilizadas, derrames y siniestros durante la operación pueden causar daños ambientales en ecosistemas y comunidades cercanas.
La extracción no convencional se realiza mediante fracking o fracturación hidráulica. Consiste en perforar de forma vertical y horizontal para inyectar agua a alta presión, arena y aditivos químicos que fracturan la roca y liberan gas.
Este método genera impactos ambientales relevantes: requiere grandes volúmenes de agua, produce residuos contaminados, puede provocar microsismos, afectar suelos y liberar metano. También reduce la disponibilidad hídrica, sobre todo en zonas con estrés de agua.
Importancia de las energías renovables
Tras la aprobación del Protocolo de Kioto en 1997, derivado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, diversos países comenzaron a replantear su matriz energética para limitar emisiones de gases de efecto invernadero. En ese contexto, fuentes como solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y biomasa ganaron relevancia para reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar los efectos del calentamiento global.
Las energías renovables son parte clave de la transición energética y del crecimiento sostenible. Además de reducir emisiones, diversifican el suministro, fortalecen la seguridad energética y disminuyen la dependencia de importaciones de hidrocarburos. También ayudan a reducir contaminación, generar empleo, aprovechar recursos locales y bajar costos operativos de largo plazo, atrayendo inversión para descarbonizar los sistemas energéticos.
El caso de México
En México, el impulso a las energías limpias se apoya en la Ley de Transición Energética de 2015 y en nuevas disposiciones de 2025 mediante la Ley de Planeación y Transición Energética. Este marco busca fomentar fuentes renovables, reducir emisiones y elevar la participación limpia a 45% en 2036 y 60% en 2050. Para ello, promueve recursos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos, eficiencia energética, modernización industrial y herramientas como el Atlas Nacional de Zonas con Potencial Renovable.
En hidroeléctricas, la transición energética busca elevar la producción y aprovechar mejor los recursos hídricos disponibles tras periodos de sequía, como los asociados a El Niño. Esta generación puede aportar al sistema eléctrico regional y reducir costos de consumo. Además, CFE avanza en fuentes limpias con dos plantas termosolares en Baja California Sur, que usan radiación solar para generar vapor y electricidad, incluso sin sol, mediante almacenamiento térmico, apoyando el abasto ante alta demanda por aire acondicionado.
Conclusiones
Uno de los principales retos de México está en construir un marco regulatorio que mejore las condiciones de inversión y reduzca riesgos para atraer más capital nacional y extranjero al sector energético. El país enfrenta redes de transmisión rezagadas, sistemas de transporte desarticulados y bajos niveles de digitalización, factores que limitan la integración, confiabilidad y flexibilidad del sistema. A ello se suman obstáculos regulatorios y financieros que retrasan proyectos.
Sin mecanismos más sólidos para mitigar riesgos, dar coherencia regulatoria y facilitar capital de largo plazo, la inversión en energías limpias e infraestructura seguirá limitada. Una alternativa está en impulsar bonos verdes, sociales y de sostenibilidad, como ya ocurre en algunos países sudamericanos.
Otro reto está en el capital humano y la preparación tecnológica. Aunque las energías renovables generan nuevos empleos, persisten brechas en educación, formación profesional y capacitación de la mano de obra para desarrollar nuevas habilidades.
Además, México enfrenta una demanda energética creciente, retos de asequibilidad y presión fiscal por subsidios. Sin reglas claras de eficiencia para aparatos y equipos eléctricos, el desperdicio de energía puede afectar el gasto de los hogares, tensar las finanzas públicas y debilitar la competitividad en un mercado norteamericano cada vez más integrado.
Ante este escenario, en 1994 México introdujo las Normas Oficiales Mexicanas en Eficiencia Energética (NOM-ENER), bajo la dirección de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Dirigidas a aparatos eléctricos y equipos industriales, estas normas impulsaron mayor eficiencia, ahorro para consumidores y competitividad para productores, convirtiéndose en parte central de la estrategia energética sostenible del país.
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Esta columna se publicó originalmente en la edición de julio de la revista Energy21.
