El especialista señaló que, aunque el acuerdo ha sido planteado como un mecanismo para contener la inflación y proteger al consumidor, en el mercado comienza a percibirse como una intervención indirecta en la formación de precios, lo que introduce riesgos para la planeación de largo plazo en el sector.
De acuerdo con Díaz, la presión sobre los márgenes operativos de las estaciones de servicio, en un entorno de costos logísticos al alza, complica la viabilidad financiera de los proyectos, particularmente en el segmento de diésel, donde los costos de transporte y distribución tienen un mayor peso.
Indicó que este tipo de esquemas puede derivar en una menor disposición a invertir en activos clave como terminales de almacenamiento, infraestructura logística y expansión de estaciones, en un momento en que el país aún enfrenta rezagos en capacidad operativa.
“El sector gasolinero enfrenta un escenario complejo: operar bajo una lógica de mercado, pero con señales crecientes de intervención”, indicó.
Añadió que, en ausencia de mecanismos que reconozcan los costos reales del sector o compensen las distorsiones, el acuerdo podría afectar la dinámica competitiva del mercado y desincentivar la entrada de nuevos participantes.
El análisis también advierte que la sostenibilidad del precio tope dependerá de factores como el comportamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los costos internacionales de los combustibles y la eficiencia logística interna.
En este contexto, Díaz subrayó que el equilibrio entre política pública y viabilidad económica será determinante para evitar que medidas de corto plazo terminen afectando el desarrollo del sector energético en el mediano y largo plazo.
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