El 1 de julio de 2026 se tenía como fecha límite para realizar la confirmación trilateral de extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más.
El acuerdo ofrece a los tres países tasas arancelarias preferenciales que fomentan el intercambio comercial y generan ventajas por la cercanía territorial, con costos logísticos más competitivos frente a otras regiones. Las importaciones de Estados Unidos hacia México alcanzaron 337,960 millones de dólares y el comercio bilateral sumó 872,834 millones, consolidando a México como principal socio comercial de ese país. Después de cinco años de vigencia, en julio de 2025 el comercio total entre los tres países había crecido cerca de 48%, hasta alrededor de 1.1 billones de dólares.
Para México, el tratado también representa acceso preferencial a uno de los mercados más grandes y una oportunidad para atraer inversión extranjera mediante bienes originarios o con valor de contenido regional. Este entorno favorece el nearshoring y la instalación de fábricas, oficinas y centros de producción o ensamble.
Sin embargo, la posibilidad de revisiones anuales hasta 2036 introduce incertidumbre en las cadenas de suministro y puede llevar a que algunas inversiones sean más cautelosas o busquen otros horizontes.
Energía, en el centro de la revisión
El sector energético es uno de los temas que concentra mayores diferencias entre México y sus socios, a partir de las reformas realizadas y de la política que busca fortalecer la participación de Pemex y CFE. En el caso de esta última, se plantea una prevalencia de 54% frente a la inversión privada nacional o extranjera.
Aunque se han anunciado mecanismos como contratos mixtos, proyectos de fracking y expansión de gasoductos que podrían detonar la participación de empresas internacionales, todavía existen obstáculos.
Uno de ellos es la falta de claridad para una penetración con verdadera libre competencia en la importación, distribución y expendio de petrolíferos y petroquímicos. A ello se suma la discusión sobre aumentar de 5.8% a 10% el contenido de etanol en los combustibles mexicanos, medida que podría beneficiar al campo regional, como ocurre en Estados Unidos.
Otro punto es la seguridad jurídica para las inversiones en energía, que seguirá teniendo peso durante las revisiones. Parte del sector de combustibles, principalmente norteamericano, insiste en contar con condiciones regulatorias que permitan desarrollar almacenamiento a gran escala sin que sea indispensable la participación de Pemex. Aunque legalmente existe la posibilidad de invertir, en los hechos resulta difícil hacerlo sin una asociación con participación mayoritaria de la petrolera estatal.
Competencia y certeza jurídica
También será relevante el Capítulo 21 del T-MEC, relativo a Política de Competencia, que establece la obligación de contar con una autoridad responsable de aplicar la legislación en esta materia.
La eliminación de la Cofece y su integración a la Secretaría de Economía abre un debate sobre dónde quedará la vigilancia de la participación cruzada en el sector energético: en la Secretaría de Energía, en Economía o mediante un acuerdo interinstitucional.
El punto central será preservar la imparcialidad en la supervisión del mercado y evitar que los procedimientos administrativos terminen favoreciendo a las empresas del Estado frente a los particulares.
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Esta columna se publicó originalmente en la edición de agosto de la revista Energy21. ¡Consulta la edición completa!
