El incremento en los precios internacionales del petróleo, que ha llevado a la mezcla mexicana a rondar los 99 dólares por barril, está generando ingresos extraordinarios para el sector público en 2026, sin embargo, una parte relevante de estos recursos está siendo absorbida por los subsidios a los combustibles, lo que limita su impacto en las finanzas públicas y en la inversión productiva.
De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el ajuste al alza en el precio del crudo, de 54.9 a 77.3 dólares por barril en los Precriterios 2027, abre la posibilidad de obtener ingresos adicionales que podrían alcanzar hasta 400 mil millones de pesos si el precio promedio anual se ubicara en 90 dólares.
No obstante, estos recursos no son completamente disponibles ni permanentes. El propio organismo advierte que se trata de ingresos transitorios, sujetos a la volatilidad del mercado energético internacional y a factores como el conflicto en Medio Oriente, particularmente en Irán, que ha presionado al alza las cotizaciones del crudo.
En este contexto, el Gobierno federal ha optado por canalizar parte de estos excedentes a contener el precio de las gasolinas y el diésel mediante estímulos fiscales. Esta política se traduce en una reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) e incluso en apoyos complementarios, lo que implica un costo directo para el erario.
Para la semana del 28 de marzo al 3 de abril, los estímulos alcanzaron el 15.68% para la gasolina magna y el 33.22% para el diésel, equivalentes a 1.05 y 2.45 pesos por litro, respectivamente. En contraste, la gasolina premium no recibió apoyo.
El CEESP señala que esta estrategia responde al compromiso del gobierno de evitar incrementos significativos en los precios de los combustibles, pero advierte que su costo fiscal es incierto y depende del comportamiento del consumo interno. Si la demanda de gasolinas aumenta, el riesgo es que el déficit fiscal supere lo previsto en el presupuesto.
Más allá del corto plazo, el organismo cuestiona el destino de los ingresos extraordinarios, al considerar que podrían estarse orientando hacia programas poco productivos, como los subsidios energéticos, en lugar de canalizarse a inversión en infraestructura, salud, educación o seguridad pública.
El análisis también subraya que no todos los recursos adicionales pueden destinarse libremente, ya que el marco macroeconómico ha sufrido ajustes en diversas variables, lo que reduce el margen efectivo de maniobra fiscal.
Así, aunque el repunte petrolero representa una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas, su aprovechamiento enfrenta el dilema de privilegiar la estabilidad en los precios de los combustibles o destinar los excedentes a proyectos de largo plazo que impulsen el crecimiento económico.
En este escenario, la dependencia de México respecto a los ingresos petroleros vuelve a quedar en evidencia, al tiempo que se abre el debate sobre la sostenibilidad de una política energética basada en subsidios en un entorno de alta volatilidad internacional.
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