El 24 de junio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un instrumento que puede marcar un antes y un después en la regulación del sector energético: las Reglas de Operación del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Aunque a simple vista parezca un ajuste administrativo, representa una transformación profunda del proceso de toma de decisiones técnicas, económicas y operativas en el sector energético. Para quienes impulsamos tecnologías dentro del sector, esta nueva arquitectura institucional no solo aporta orden: representa una llamada directa a involucrarnos, observar críticamente y contribuir activamente en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza regulatoria.
La CNE, creada como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía por decreto presidencial el 18 de marzo de este año, tiene un mandato claro: fortalecer la institucionalidad regulatoria, aportar una visión técnica a los procesos de autorización y supervisión, y dotar al sector de reglas claras y procesos más transparentes. En ese marco, el Comité Técnico se convierte en el nuevo eje de las decisiones regulatorias.
Este órgano colegiado estará integrado por representantes de la Secretaría de Energía, de las unidades técnicas de la Comisión, y por tres personas expertas designadas por el Ejecutivo, con voz y voto, cuya presencia será obligatoria e indelegable. Sesionará cada mes, de forma presencial o virtual, con decisiones tomadas por mayoría sin posibilidad de abstención injustificada, bajo un marco de legalidad, transparencia y responsabilidad pública.
Pero ¿Qué significa esto para el sector energético en lo práctico?
Significa que entramos en una etapa donde los criterios regulatorios no deben depender de interpretaciones políticas o coyunturales. Especialmente para los proyectos de generación que ya han probado su viabilidad técnica y sostenibilidad ambiental, la existencia de reglas estables y órganos deliberativos con responsabilidad jurídica representa un avance.
Hoy, el Comité Técnico ofrece la posibilidad de revertir esa incertidumbre. La existencia de reglas claras y de un órgano deliberativo con responsabilidad jurídica puede traducirse en procesos de evaluación más rigurosos, pero también más estables y justos. Además, la participación de personas expertas crea una puerta abierta al análisis técnico con profundidad, permitiendo que tecnologías complejas sean comprendidas en su dimensión operativa, económica y ambiental.
Sin embargo, su efectividad dependerá de su implementación. Todo dependerá de a quién se escuche, y qué tan abierto sea el Comité a la pluralidad tecnológica y regional del país. También será necesario establecer mecanismos para que el sector productivo pueda contribuir técnicamente sin comprometer la autonomía del regulador.
Existe también el riesgo de que, si no se agilizan los procesos internos, este nuevo modelo se convierta en un cuello de botella. Por ello, se requiere una división clara de funciones: el Comité debe enfocarse en decisiones estratégicas, mientras las unidades técnicas mantengan procesos eficientes y resolutivos.
La regulación no debe ser vista como una carga, sino como una señal de certidumbre, institucionalidad y visión de largo plazo. Si el mensaje es soberanía energética con responsabilidad técnica, entonces vamos en la dirección correcta.
México tiene hoy la oportunidad de construir un sistema regulatorio de Estado que reconozca el valor de soluciones que aporten confiabilidad, reduzcan emisiones y eleven la competitividad industrial. El nuevo Comité Técnico puede ser más que un espacio de deliberación: debe convertirse en un motor de transformación para el sector energético.
El momento es ahora. ¿Estamos listos para asumir el reto?
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