En tiempos donde la construcción del segundo piso de la 4T avanza, los proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) están llamados a desempeñar un papel estratégico en la desafiante tarea de transformar a la empresa pública del Estado. Esto se asume de la orientación que el Gobierno le ha dado al sector de hidrocarburos y a PEMEX con los cambios legislativos aprobados a principios de año.
La visión de las actuales autoridades energéticas, expresada en la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos, considera a las “asignaciones” como la herramienta esencial para incrementar la producción de petróleo crudo. Este esquema, que no es otra cosa que la decisión de otorgarle a PEMEX el derecho a explorar y explotar áreas específicas de hidrocarburos, tiene 2 vertientes para su instrumentación: a través del desarrollo propio (donde la petrolera tendría la exclusividad de las actividades), o por medio del desarrollo mixto (donde los privados complementarían las capacidades técnicas, operativas y financieras de PEMEX).
Considerando que el sector de hidrocarburos está marcado por la renuncia pública del Gobierno a retomar los contratos para la exploración y producción de hidrocarburos, así como por su reticencia a las rondas petroleras, se deduce que el camino de la transformación integral de PEMEX incluirá, entre otras cosas, el de las asignaciones para el desarrollo mixto. No hay otra opción: con escasos recursos y capacidades de ejecución constreñidas, no se ve cómo PEMEX pueda aumentar la producción petrolera sin la ayuda de proveedores y contratistas experimentados y, ciertamente, temerarios.
Por otro lado, la Ley de la Empresa Pública del Estado, PEMEX, prevé la posibilidad de que ésta celebre contratos con particulares o esquemas de desarrollo mixto para cumplir con su objetivo de explorar, extraer, importar, exportar, transformar, almacenar, comercializar, transportar, distribuir y vender hidrocarburos. A pesar de que todavía no se han emitido o actualizado las disposiciones para celebrar contratos y esquemas de desarrollo mixto, es probable que la empresa opte por darle continuidad al modelo de contratos integrales de exploración y explotación (CSIEE). Bajo este modelo, PEMEX encomienda a terceros la realización de sus actividades.
Si bien en teoría los proveedores y contratistas de PEMEX deberían ser estratégicos para el futuro de la empresa, la realidad es otra. No es que la colaboración sea una mala idea; es que la situación actual de estos proveedores y contratistas es un completo caos. Este desorden, como un cáncer, amenaza su propia supervivencia y, por extensión, la de la misma petrolera nacional.
Actualmente la deuda de PEMEX con sus proveedores y contratistas asciende, en números redondos, a la friolera cantidad de 400 mil millones de pesos. Dicho monto está asociado con los servicios de pequeñas, medianas y grandes empresas que son imprescindibles para que petrolera pueda seguir operando.
A pesar de que desde diciembre de 2024 la nueva administración de PEMEX ha instrumentado acciones con el apoyo del Gobierno para abonar pagos a proveedores y contratistas, pero éstas han sido insuficientes. Por la dramática caída en la producción de petróleo crudo y el triste deterioro de la infraestructura de los activos de la empresa, da la impresión de que la incapacidad de pago por parte de la petrolera podría ya haber generado un punto de no retorno.
Si bien esta grave situación no se originó en este ni en el pasado sexenio, la concepción política de la 4T, resumida en el rescate del sector energético, sí se ha constituido como un factor decisivo para llevarlo al punto en el que está. Pronto veremos si el esquema integral de largo plazo para PEMEX, anunciado por la presidenta Claudia
Sheinbaum, será suficiente para verdaderamente sanear las finanzas de la petrolera y resolver los pendientes con proveedores y contratistas.
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