El grupo criminal conocido como “La Barredora”, encabezado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, buscó colocar combustible robado en las obras del Tren Maya, uno de los megaproyectos estratégicos del gobierno federal, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la investigación, La Barredora se dedicó a la venta de huachicol a través de una red de empresas fachada, y habría intentado suministrar diésel de procedencia ilícita a constructoras involucradas en el proyecto ferroviario que se desarrolla en el sureste del país.
Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y 2023, durante la administración de Adán Augusto López Hernández, uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según MCCI, tras dejar el cargo, Bermúdez asumió el liderazgo operativo de La Barredora, un grupo dedicado al robo y comercialización de hidrocarburos, además de extorsión y tráfico de influencias.
La investigación revela que La Barredora creó al menos tres empresas fachada, entre ellas Combustibles REB, que participaban en el suministro de combustible para obras del Tren Maya. Aunque estas compañías aparecían en los registros como proveedores legales, en realidad ofrecían diésel presuntamente extraído de tomas clandestinas o desviado de Pemex.
Según MCCI, los operadores del grupo lograron posicionar su producto en algunos puntos de distribución vinculados a las obras ferroviarias, aprovechando la complejidad logística del proyecto y la escasa supervisión de origen de los combustibles.
La revelación evidencia un grave problema de infiltración del crimen organizado en los proyectos estratégicos del Gobierno federal, particularmente en el manejo de combustibles, uno de los sectores más vulnerables a la corrupción y la operación de grupos delictivos.
El Tren Maya, con un presupuesto superior a los 360 mil millones de pesos, demanda enormes cantidades de diésel para maquinaria pesada y transporte de materiales. La falta de control estricto sobre los proveedores de combustible abre la puerta a esquemas de lavado de dinero, robo de hidrocarburos y participación de organizaciones criminales.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el caso. Sin embargo, la investigación de MCCI señala que existe información documental y testimonios que vinculan directamente a exfuncionarios de seguridad pública de Tabasco con las operaciones de La Barredora.
Este caso pone en entredicho los controles de seguridad en el sector energético, en especial en zonas donde la obra pública y el crimen organizado se cruzan. Además, reaviva la preocupación por la colusión entre autoridades locales y grupos dedicados al huachicol.
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