La política de precios máximos para combustibles es una herramienta legítima de política pública: protege el poder adquisitivo, modera la inflación y busca un acceso equitativo a la energía. El Gobierno Federal ha implementado esta medida con objetivos claros que el sector privado comparte plenamente. Sin embargo, la pregunta clave no es si debe existir una regulación, sino cómo diseñarla para que sea verdaderamente efectiva.
El desafío de la geografía y la logística
México es un país de profundas asimetrías. No es lo mismo trasladar diésel desde una terminal de Pemex hasta una gasolinera en la Ciudad de México que abastecer una estación en la Sierra Tarahumara, la Mixteca oaxaqueña o las zonas costeras de Guerrero.
Esa diferencia logística puede representar varios pesos por litro. Al imponer un precio tope uniforme, esa brecha no desaparece; simplemente hace que la operación sea insostenible en las regiones más alejadas, donde el costo de llevar el combustible supera el margen permitido.
Trasladar combustible hacia la sierra de Chiapas resulta complejo y costoso. La entidad enfrenta caminos tan o más sinuosos que los de Oaxaca, lo que eleva significativamente los costos y riesgos logísticos.
A ello se suma la necesidad de atender a las poblaciones más vulnerables ubicadas en zonas marginadas del país. Resulta imperativo brindarles el mismo nivel de atención que se otorga a las grandes ciudades, donde Pemex realiza directamente el suministro de combustible, evitando así dejar a su suerte a las estaciones de servicio que abastecen a las comunidades más alejadas de los centros urbanos.
Ante la imposibilidad operativa de que Pemex realice entregas directas en estas zonas, se plantea implementar descuentos en terminal calculados con base en la distancia recorrida entre el punto de suministro y cada estación de servicio.
Actualmente, los riesgos asociados al traslado de combustible hacia regiones marginadas son absorbidos por las propias estaciones, que recorren caminos de alta complejidad orográfica en distintos estados del país para garantizar el abasto energético en comunidades alejadas.
Factores estructurales del sector
A la complejidad geográfica se suman costos operativos fijos que son rigurosos y crecientes. Las estaciones de servicio operan bajo un marco de cumplimiento estricto que incluye:
- Fletes.
- Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
- Auditorías ambientales y pólizas de seguro especializadas.
- Sistemas de medición volumétrica certificados.
- Cuotas institucionales y actualizaciones salariales anuales.
Estos costos varían significativamente según la escala del negocio y el mercado laboral local. Cuando el margen regulado no cubre esta estructura, el riesgo no es solo una reducción de utilidades, sino el cierre progresivo de estaciones o la suspensión del expendio de ciertos productos, afectando directamente al consumidor final.
Propuesta: Diferenciación regional de precios
Para perfeccionar este modelo, propongo un esquema basado en la realidad del territorio:
- Zonificación inteligente: Determinación de precios con base en costos logísticos documentados y distancia real a las terminales de distribución.
- Mesas técnicas de diálogo: Espacios de trabajo con representación genuina de todas las regiones del país.
- Indicadores objetivos: Revisión periódica de topes vinculada a fletes, inflación e incrementos salariales.
- Flexibilidad en zonas críticas: Estrategias especiales para áreas con desabasto recurrente sin penalizaciones adicionales.
- Digitalización gradual: Ajustar la exigencia de medios de pago electrónicos según la infraestructura digital disponible en cada localidad.
La diferenciación regional de precios máximos no contradice los objetivos gubernamentales; al contrario, los fortalece. Países con geografías complejas han adoptado esquemas de zonificación que mejoran la equidad sin sacrificar el control inflacionario.
El sector gasolinero no busca excepciones, sino una regulación que reconozca la realidad del territorio. Una política energética sólida es aquella que garantiza el abasto en cada rincón del país, permitiendo que el negocio sea viable tanto en las grandes ciudades como en las comunidades más alejadas del centro.
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Esta columna se publicó originalmente en la edición de mayo de nuestra revista Energy21.
