El posicionamiento presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) al iniciar la COP28 sobre cambio climático tiene buenas intenciones que contrastan con la falta de políticas públicas y presupuesto para cumplirlas, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
“México debe adoptar una política nacional y un plan de acción sobre adaptación de cambio climático para ser capaz de responder a eventos como los impactos recientes del huracán Otis”, indicó el organismo en un posicionamiento.
Consideró que los países deben realizar mayores esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, encaminados a limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 1.5 grados centígrados, basándose en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
“Al respecto, reconocemos que México es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático y es también uno de los principales emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global y el segundo en Latinoamérica. De ahí la importancia de que el Estado mexicano no minimice su responsabilidad de mitigación”, indicó.
“Aplaudimos que el gobierno mexicano reconozca la necesidad de incorporar un enfoque de justicia social frente a la crisis climática y nos sumamos al llamado para que durante la COP28 se acuerde un objetivo global de adaptación centrado en las personas y comunidades más vulnerables. Sin embargo, dicho llamado debe respaldarse con acciones concretas y con los recursos necesarios para llevarlas a cabo”, abundó.
En este sentido, el gobierno mexicano debe adoptar una política nacional y un plan de acción sobre adaptación de cambio climático, aspectos que, hasta la fecha, no ha realizado, dijo.
Los casos más recientes, como el de la comunidad del Bosque en Tabasco –la cual ha sido desplazada de sus hogares debido al avance del mar– y las graves afectaciones ocasionadas por el impacto del huracán Otis en Acapulco, nos muestran que el gobierno carece de recursos etiquetados para adaptación, así como de una ruta de acción clara para enfrentar estas situaciones de manera preventiva, suficiente y adecuada.
Además, consideró que el Estado mexicano debe asignar los recursos suficientes a través del Anexo Transversal 16, el cual debería destinarse a acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
“Lamentablemente, tanto en el presupuesto de 2023, como en el proyectado para el 2024, estos recursos están siendo asignados a mega proyectos como el Tren Maya, a la construcción de infraestructura para gas fósil y para programas como Sembrando Vida, los cuales no contribuyen a la reducción de emisiones de GEI, sino que, por el contrario, las aumentan”, añadió el CEMDA.
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