Las reservas probadas del país podrían aportar 3 billones de pesos al Estado por pago de impuestos, monto que podría estar en riesgo ante la transición energética y la paulatina caída en la demanda de crudo hacia el futuro, si no se encuentran mecanismos para evitar el impacto de la transición energética en las finanzas públicas, indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“El principal reto de la descarbonización de las finanzas públicas será compensar la proporción que representan los ingresos petroleros respecto de los ingresos totales”, indica el organismo en un análisis.
Señala que la incertidumbre sobre la demanda de petróleo, la disminución de las reservas petroleras y los costo de oportunidad de una política energética que privilegia el petróleo y gas, incrementa el reto para las finanzas públicas.
Explica que el valor de las reservas probadas representa 2.5 veces los ingresos generados por el sector de hidrocarburos estimados para 2023.
“Ante esta circunstancia y la urgencia de avanzar en la transición energética, resulta fundamental desarrollar una estrategia que compense la pérdida de ingresos públicos debido a la descarbonización”, señala.
Una revisión de la asignación de subsidios energéticos y el impulso a la implementación de impuestos ambientales a nivel estatal podrían representar pasos iniciales en esta dirección.
Añade que la transición energética representa un cambio fundamental en la manera en que la sociedad obtiene y consume energía, y si bien trae consigo beneficios ambientales y de sostenibilidad a largo plazo, no está exenta de retos financieros.
Las finanzas públicas a nivel nacional y estatal deben adaptarse para respaldar esta transformación, lo que implica ajustes en los ingresos, gastos y políticas fiscales, agrega el CIEP.
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