Advierten “cacería de brujas” por reglas para permisos de petrolíferos

Las reglas que alista la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para expedir permisos de comercialización de petrolíferos, podrían implicar una “cacería de brujas” contra las empresas del sector, opinó Beatriz Marcelino, presidenta de Grupo Ciita.

En entrevista, la experta explicó que las reglas que están en proceso de consulta ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), plantean una investigación exhaustiva hacia las compañías que soliciten permisos o modificaciones.

La CRE podrá pedir antecedentes al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre los dueños de las empresas o de los accionistas.

“Prácticamente podría ser una cacería de brujas, más que nada investigar quiénes están delinquiendo en el sector”, consideró Marcelino.

Si uno de los accionistas de las compañías enfrenta una investigación ante estas instituciones, el trámite ante la CRE podría ser desechado, explicó.

“Quieren encontrar culpables, si ya tienes una investigación en la UIF o si estás en la lista negra del SAT, entonces no podrías solicitar permisos”, afirmó Marcelino.

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La CRE plantea pedir que las empresas presenten los contratos con sus proveedores de combustible, el cual debe tener una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Marcelino detalló que estas reglas se aplican a estaciones gasolineras y a toda la cadena de valor del gas LP, lo cual indica que la CRE buscaría eliminar el huachicol fiscal en los combustibles.

“Ya no van a recibir cualquier combustible sin marca, esto porque había mucho huachicol fiscal que las compañías importaban”, afirmó la experta.

El huachicol fiscal es una forma de contrabando en donde algunas empresas importan combustibles disfrazándolos de lubricantes o aceites, para evitar pagar impuestos.

La CRE también está pidiendo información más detallada sobre los montos desglosados de inversión que van a realizar las empresas en sus permisos, las marcas de los equipos que van a usar y estudios de mercado.

“Esto va a implicar mayores costos para los permisionarios”, añadió Marcelino. 

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