Las obligaciones totales de Petróleos Mexicanos (Pemex) disminuirán de 179,000 millones de dólares en 2025 a aproximadamente 155,000 millones de dólares hacia 2028, gracias al respaldo financiero gubernamental, lo que contribuirá a aliviar el panorama corporativo del país.
A pesar de que la petrolera estatal se mantiene como uno de los principales contribuyentes a la carga de deuda corporativa en México, condicionada por un flujo de efectivo libre persistentemente negativo, una elevada carga tributaria y la debilidad estructural en sus operaciones de refinación, la mejora general en los fundamentos del sector privado y de infraestructura compensa de forma creciente este lastre financiero.
Según un análisis de Moody’s Ratings, el apalancamiento bruto agregado de las empresas mexicanas no financieras y de infraestructura calificadas disminuirá a alrededor de 2.9x hacia 2028, desde el rango de 3.4x registrado entre 2025 y 2026.
Este comportamiento financiero favorable se sustenta en un entorno de flexibilización de tasas de interés y en una mayor generación de ganancias, proyectando que el EBITDA agregado aumente hasta unos 282,400 millones de dólares para 2028, mientras que el flujo de efectivo libre pasará a ser sostenidamente positivo tras mantenerse cerca del punto de equilibrio durante 2026.
Por su parte, la empresa estatal complementará esta dinámica con una reducción de su apalancamiento y un manejo gradual de sus pasivos, incluyendo las obligaciones por pensiones.
Inversión energética
En paralelo al proceso de desendeudamiento de la petrolera, el sector energético e infraestructural de México transita hacia una nueva fase impulsada por una transformación estructural en la inversión, donde la participación del capital privado resulta indispensable ante la limitada capacidad fiscal del gobierno.
Dentro del plan general de infraestructura de aproximadamente 300,000 millones de dólares proyectado para los próximos cuatro a cinco años, la energía concentra el 54% de los recursos estratégicos, atendiendo un déficit acumulado que se había convertido en un cuello de botella económico.
Este esquema de expansión contempla la implementación de un nuevo modelo de inversión mixta, donde el Estado conserva la propiedad y la gestión mayoritaria, mientras los patrocinadores privados aportan capital, estructuran financiamiento y asumen responsabilidades operativas, además del uso de vehículos especializados como la Fibra E para fondear redes de transmisión eléctrica.
Muestra de este dinamismo fue el resultado de las licitaciones competitivas lanzadas en mayo de 2026 por el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales superaron la meta inicial de 6.5 GW al adjudicar más de 8.0 GW en nueva capacidad de generación, atrayendo inversiones cercanas a los 10,000 millones de dólares, con un 80% financiado mediante vehículos de propósito específico.
No obstante el avance hacia la meta gubernamental de elevar las energías renovables al 38% de la generación total para 2030 (desde el 24% actual), la calificadora advierte que el rápido incremento de la generación intermitente exigirá una estricta coordinación con los planes de transmisión de la CFE para mitigar riesgos de limitaciones forzadas.
Asimismo, aunque la CFE mantendrá un flujo de efectivo estable gracias a la robusta demanda eléctrica y al respaldo oficial, su amplio programa de inversiones de gran escala plantea retos significativos de ejecución en el desarrollo de sus complejos de generación, transmisión y distribución.
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