La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a tres exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes fueron inhabilitados por un periodo de 20 años por incurrir en faltas administrativas graves.
De acuerdo con la dependencia, los exservidores públicos sancionados estaban adscritos a diferentes áreas de la empresa. Se trata de Roberto “V”, en CFE Distribución; Alberto “M”, en el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales; y José “Q”, en el área de suministro de servicios básicos.
La Secretaría detalló que los tres participaron, junto con un empleado de la Dirección Corporativa de Operaciones, en un proceso de contratación relacionado con la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión.
Según la resolución, dichos equipos no resultaban indispensables para garantizar el servicio de suministro eléctrico, por lo que se identificaron irregularidades en el procedimiento de contratación.
Los hechos investigados ocurrieron en 2017, aunque no se especificó la entidad o región donde se llevó a cabo la compra de los equipos.
Además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dos décadas, los involucrados deberán cubrir de manera solidaria una multa por mil 192 millones 500 mil pesos, como parte de las responsabilidades derivadas de las faltas administrativas calificadas como graves.
Hasta ahora, la Secretaría Anticorrupción no ha dado a conocer si existen procesos penales vinculados con este caso ni si los sancionados han interpuesto algún recurso legal.
En su conjunto, las sanciones forman parte de una serie de resoluciones emitidas contra 39 funcionarios de distintas instituciones públicas, que incluyen inhabilitaciones, suspensiones y otras medidas administrativas contempladas en la legislación vigente.
El caso de los exfuncionarios de la CFE destaca tanto por el monto de la sanción económica como por la duración de la inhabilitación impuesta.
La dependencia señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para reforzar la rendición de cuentas y combatir irregularidades en el uso de recursos públicos.
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