La reforma judicial impulsada por el Gobierno federal sitúa al país en un nuevo momento constitucional, cuyos efectos ya comienzan a reflejarse en sectores estratégicos, como el energético, y particularmente en el de combustibles —una pieza clave de la economía nacional—, el cual no está exento del reacomodo institucional.
Una reforma de alto impacto
La reforma judicial, y la posibilidad de que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante voto popular, representa un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Si bien, para sus impulsores esto representa la posibilidad de que se tenga una mayor cercanía entre la ciudadanía y el sistema judicial, para quienes se oponen, representa la preocupación por el posible debilitamiento de la independencia y autonomía judicial, pilares fundamentales para garantizar la certeza y la seguridad jurídica.
Inversiones en pausa
El mercado de combustibles ha sido uno de los más dinámicos desde la liberalización parcial iniciada en 2017. Actualmente, en México se realizan alrededor de 13 millones de operaciones de carga diarias y se comercializan más de 172 millones de litros de combustibles cada día, según datos oficiales.
Este volumen del mercado ha sido posible gracias a inversiones millonarias en infraestructura —terminales, estaciones de servicio, plantas de distribución, centros logísticos— realizadas tanto por capital extranjero y por familias mexicanas de gasolineros que, a lo largo de 2 o más generaciones, han apostado por el mercado de combustibles mediante infraestructura propia. Estas inversiones, que permanecen en nuestro territorio, generan empleo y fomentan el desarrollo en las comunidades donde se establecen.
Sin embargo, en fechas recientes, el empresario gasolinero ha frenado sus planes de inversión y crecimiento por 2 razones principales. La primera es la propia parálisis operativa de las nuevas autoridades del sector, en particular de la recientemente creada Comisión Nacional de Energía, que sustituyó a la extinta CRE. La segunda es la incertidumbre generada por la reforma judicial, ya que existe preocupación entre los inversionistas de que, ante la posible elección de jueces a modo, sus inversiones queden vulnerables frente a disputas legales que podrían ser resueltas por jueces influenciados por intereses particulares, en lugar de regirse por una aplicación estricta de la ley.
Reconfiguración del mercado y el papel de PEMEX
La reforma energética reafirma el papel preponderante de PEMEX y la CFE como pilares del nuevo modelo energético nacional. Este mensaje, plasmado en las nuevas leyes, ha sido interpretado por algunas empresas, como Shell, como una señal para reconsiderar su presencia en México, llegando a ofrecer sus operaciones de retail a otros competidores.
Este movimiento significa que empezó una reconfiguración en el sector gasolinero por lo que veremos el regreso del Estado, a través de PEMEX, como su protagonista principal. De manera paralela, seremos testigos de la salida progresiva de empresas extranjeras —las llamadas “banderas blancas”— lo que podría generar un entorno con menor competencia. A esto se suma el “Acuerdo voluntario de estabilización de precios”, cuya vigencia parece que se prolongará más allá del mes de septiembre, como originalmente se tenía previsto.
¿Y ahora qué?
En este nuevo escenario, el empresario gasolinero debe mantenerse alerta ante los cambios regulatorios que quedan pendientes por hacerse públicos, lo cual le permitirá definir su posición, evaluar su apetito de crecimiento y aprovechar las oportunidades que se generen, pero, sobre todo, cumplir con las nuevas obligaciones.
El gasolinero conoce bien la cancha en la que juega; ahora le toca familiarizarse con el árbitro que dirigirá el juego. Cabe destacar que esta reforma también servirá para sacudir del mapa a aquellos improvisados y oportunistas que surgieron en el sector y que prometían vías cortas para el éxito.
El mensaje oficial es claro: la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que las inversiones están seguras y que la reforma busca fortalecer el Estado de derecho. Sin embargo, lo cierto es que, para el mercado de los combustibles, el panorama actual exige cautela, un análisis profundo en compañía de asesores profesionales y un proceso ágil de adaptación.
La viabilidad del sector dependerá, en gran medida, de pactos comerciales claros y bien estructurados.
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