Corrían los primeros días de noviembre, la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos de 2017 se ejecutaba sobre un terreno de piso parejo entre los jugadores, sin embargo, un día el equipo de la Secretaría de Energía (Sener) decidió someter ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto que cambiaría las reglas para el final del torneo.
En éste, su capitana Rocío Nahle propuso reducir la obligación de inventario mínimo nacional de gasolinas y diésel de 13 a cinco días a partir de 2020 y hasta 2025 siendo que el marco legal (en ese entonces vigente) demandaba superar la barrera de los 10 días, después de aumentos escalonados.
Otro cambio a destacar fue el aplazamiento para la puesta en ‘marcha’ de la obligación de medio año, es decir, hasta el 1 de julio de 2020 cuando la fecha establecida por la administración gubernamental anterior apuntaba el mes de enero de 2020 como fecha de arranque.
Para el caso de la turbosina, la propuesta fue fijar por cinco años el inventario en 1.5 días de consumo tanto en los aeropuertos y/o aeródromos y 1.5 días adicionales como promedio mensual.
Después de varias semanas, la Comisión aprobó las modificaciones propuestas por el equipo local entrando éstas en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de diciembre de 2019, siendo un claro autogol a la premisa de conseguir la soberanía energética del país que en almacenamiento de petrolíferos promedio a nivel nacional es de tres días, muy por debajo de la recomendación internacional que es de al menos 30 días.
La resolución fue vista con buenos ojos por algunos jugadores quienes incluso, señalaron que era una política más realista de alcanzar.
“No se iba a poder cumplir lo que se había establecido desde la Reforma Energética porque actualmente el país está pasando por una recesión económica que no le va permitir acelerar este tipo de instalaciones; el aplazamiento de seis meses permitirá que todas las inversiones privadas que se están ejerciendo tengan ese colchón para actualizar todos sus permisos”, declaró en su momento el ex presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), Isaías Romero Escalona.
En entrevista Daniel Salomón Sotomayor, abogado asociado del despacho González Calvillo recordó que con el fin de dar cumplimiento a la política priista, empresas apostaron por construir terminales de almacenamiento o inclusive, contratar capacidad previendo que para 2025 se tenía que tener entre 13 y 15 días de inventario.
“La decisión tiene impactos en las inversiones ejecutadas y en el Estado de derecho”, añadió en entrevista con Energy21.
Por su parte, Marcial Díaz Ibarra de Lexoil Consultores habló sobre la incertidumbre de aquellos jugadores que apostaron por el sector, invirtieron, se preocuparon por cumplir con la normatividad fijada y ahora el diferimiento de su puesta en marcha, sólo beneficia a aquellos que no se prepararon.
“Esta situación solo provoca tener regulados cumplidos e incumplidos que al final son tratados de igual forma; si se establece una política se debe acatar y exigir su cumplimiento”, apuntó.
Sobre el tema José Carlos Femat, analista y experto en el sector energético expresó la molestia de empresas privadas que estaban listos para cumplir la política el 1 de enero de 2020, mientras que para los que no, la medida representa un respiro que arranque hasta la segunda mitad del año.
“Hay inversionistas que ya contrataron créditos, que ya están desarrollando terminales de almacenamiento de petrolíferos y que se pusieron las pilas para cumplir con las políticas. Hay una molestia grande ya que ellos arriesgaron, apostaron e invirtieron y para los que no hicieron la tarea, esto es un alivio”, apuntó.
Actualmente, la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas, diésel, turbosinas y combustóleo, se compone de instalaciones propiedad de Pemex, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de algunas terminales de almacenamiento desarrolladas por empresas como Enermex, Hydrocarbon Storage Terminal, Glencore, IEnova o Invex.
De acuerdo con Sener en el país se tiene contemplado el desarrollo de 70 proyectos de almacenamiento con capacidad nominal total de 45.5 millones de barriles y una inversión total estimada de 4 mil 640 millones de dólares.
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