La transición de funciones entre la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la recién creada Comisión Nacional de Energía (CNE) traerá consigo una etapa de mayor fiscalización y vigilancia en el sector energético, para combatir el robo de combustible y el huachicol fiscal, dijo Víctor Juárez Cuevas, CEO de Edge Innovation.
“Hoy hay una revisión más fuerte, más férrea, en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, con el fin de detener este tipo de situaciones que se está llevando a cabo, y eso significa pues limitar las importaciones”, dijo el experto durante un webinar organizado por Energy21.
Opinó que a partir de esta colaboración binacional, se han intensificado los operativos para frenar el ingreso irregular de combustibles, como el reciente decomiso de un buque en Veracruz con millones de litros.
Por ello se prevé que la CNE redoble esfuerzos en materia de controles volumétricos y trazabilidad para cerrar el paso al contrabando de combustibles, en colaboración con las autoridades fiscales.
Recordó que la CNE, cuyo reglamento interno fue publicado el pasado 8 de mayo, asumirá las funciones regulatorias de la CRE y contará con mayores atribuciones para verificar el cumplimiento normativo.
Esto incluye acciones inmediatas como clausuras temporales, procedimientos administrativos y coordinación con el SAT, la Profeco, la ASEA y otras instancias estatales.
Uno de los pilares del nuevo esquema será la exigencia de controles volumétricos certificados por empresas avaladas por el SAT, medida que ya es obligatoria desde marzo de este año.
“Estamos en un buen momento para hacer correcciones”, advirtió Juárez, “si las empresas detectan inconsistencias en sus reportes, aún pueden autocorregirse antes de que inicien procesos de verificación o sanción”, dijo.
Los controles volumétricos permitirán a las autoridades cruzar información sobre ventas, compras y existencias en tiempo real.
“El SAT va a tener un enfoque más directo en los volumétricos y en los reportes estadísticos”, explicó.
Esto permitirá detectar diferencias entre los volúmenes reportados y los comercializados, lo que podría evidenciar prácticas de evasión o la venta de combustibles sin trazabilidad.
Además, se eliminarán los márgenes de tolerancia en errores de dispensarios.
“Cuando Profeco detecte irregularidades que excedan los márgenes permitidos, se dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República”, alertó el directivo.
Esto implicará que las estaciones de servicio enfrenten investigaciones penales y no podrán reabrir sus dispensarios hasta que el Ministerio Público concluya sus peritajes.
Juárez también señaló que muchas estaciones de servicio enfrentan hoy cierres temporales debido a la revisión de licencias ambientales que datan de los años 90.
En varios casos, la ASEA ha desconocido estas licencias, lo que obliga a las estaciones a iniciar trámites de regularización que pueden tardar de seis a siete meses.
El endurecimiento regulatorio también afecta los permisos de importación, transporte y almacenamiento.
“Aunque los permisionarios tengan autorizaciones vigentes, hay restricciones prácticas que impiden cruzar producto por aduanas”, explicó. Esta situación ha generado escasez de combustibles en regiones como Hidalgo.
La estructura de la CNE incluirá un comité técnico, cinco unidades administrativas y un sistema de gestión de datos que sustituirá al anterior sistema de la CRE. Se eliminará la figura de comisionados y se dará paso a un esquema más centralizado bajo la dirección general y unidades especializadas.
“Vamos a ver una CNE con brazo ejecutor más fuerte. El enfoque será la verificación inmediata y el cumplimiento normativo, con base en una nueva política energética que prioriza a las empresas públicas pero que también busca ordenar al sector privado”, afirmó.
En ese sentido, quienes soliciten nuevos permisos deberán acreditar infraestructura, trazabilidad y cumplimiento fiscal. La CNE evaluará incluso si la zona en cuestión está saturada de estaciones de servicio, para definir si autoriza o no nuevas aperturas.
“Estamos en tiempo de transición, de prevención y de autocorrección. Los regulados deben revisar sus procesos y corregir errores antes de que lleguen las sanciones”, concluyó.
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