El Gobierno federal endureció la presión sobre el sector gasolinero y acordó una nueva reducción en el precio tope del diésel, que pasará de 28 a 27 pesos por litro a partir del 1 de mayo, en un ajuste que combina recortes fiscales, operativos y traslados directos a las estaciones de servicio.
De acuerdo con el análisis del experto en energía Ramsés Pech, la baja responde a una disminución total de 1.19 pesos por litro respecto al precio observado el 28 de abril (28.19 pesos), impulsada por tres componentes principales dentro de la estructura del combustible.
El principal ajuste proviene del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se reduce en 70 centavos por litro, al pasar de 4.92 a 4.22 pesos. A ello se suma una disminución de 20 centavos en el costo de la terminal, relacionado con distribución y logística, y una reducción adicional de 10 centavos derivada de la eliminación temporal de comisiones por pagos electrónicos.
En conjunto, estos factores explican un peso de reducción directa, mientras que los 19 centavos restantes obedecen a ajustes operativos y de margen para alcanzar el objetivo de 27 pesos por litro.
El análisis señala que, más allá de los componentes técnicos, el ajuste implica una mayor presión del Gobierno sobre los gasolineros, quienes deberán trasladar al consumidor final los beneficios derivados de la eliminación de comisiones bancarias, que pasan temporalmente a cero tanto en crédito como en débito y vales.
Además, la autoridad condicionó nuevos apoyos a la colaboración del sector, mientras que los empresarios solicitaron a Petróleos Mexicanos mayores descuentos comerciales, ajustes en costos terminales y apoyos logísticos, sin que hasta ahora existan compromisos concretos.
El documento también advierte que el Gobierno buscará extender la presión a otros eslabones de la cadena, al convocar a empresas de transporte para reducir tarifas de flete, uno de los costos relevantes en la distribución del combustible.
Entre los temas pendientes que el sector insiste en atender se encuentran el incremento de márgenes, la inseguridad en carreteras y estaciones, así como costos regulatorios y operativos, que continúan sin solución definida.
Finalmente, el análisis apunta a un cambio estructural en el mercado, con el plan del Gobierno de avanzar hacia la digitalización total de las operaciones en estaciones durante el segundo semestre, lo que permitiría incluso cobrar el IEPS directamente en el punto de venta, modificando el esquema actual.
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