Hace más de una década, cuando se discutía la Ley General de Cambio Climático (LGCC), el sector empresarial y financiero mexicano mostraron interés en desarrollar un mercado de carbono. Este mecanismo permite a empresas y personas compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante la compra de créditos de carbono, los cuales representan reducciones certificadas de emisiones generadas a través de proyectos sostenibles como reforestación, conservación de bosques, captura de metano y producción de energía limpia.
La LGCC, junto con la Estrategia y el Plan Especial de Cambio Climático, sentó las bases para el primer Sistema de Comercio de Emisiones en América Latina. Este sistema regula a grandes emisiones de los sectores energéticos e industriales que representan el 45% de las emisiones nacionales. A pesar de la falta de regulación del mercado “regulado”, existe un mercado voluntario de carbono que sigue avanzando en México.
El Mexico Carbon Forum, realizado en agosto en León, Guanajuato, evidenció el progreso del mercado voluntario de carbono, integrándolo con esfuerzos internacionales y generando oportunidades para nuevos proyectos. Al 2023, se registraron 250 proyectos, mayormente en el sector forestal.
La adopción del Artículo 6 del Acuerdo de París ha sido clave, facilitando la cooperación entre países para alcanzar los objetivos globales de reducción de emisiones mediante la transferencia de reducciones entre naciones. Esto además de fortalecer el mercado voluntario de carbono en México, también lo conectan con empresas extranjeras y con el esfuerzo global para reducir las emisiones a nivel mundial.
México es uno de los pocos países en América Latina con un impuesto al carbono implementado en varios estados, siendo Querétaro un líder en recaudación.
Uno de los mayores retos es la integridad y adicionalidad de los proyectos, y la dificultad para verificar su cumplimiento. Los críticos argumentan que es complicado demostrar que las reducciones de emisiones no habrían ocurrido sin los proyectos, cuestionando así la “adicionalidad” de las acciones. Además, la subjetividad en la evaluación de la adicionalidad puede debilitar la integridad del mercado, permitiendo que proyectos menos estrictos sean aprobados.
En contraste, los defensores sostienen que los mercados de carbono permiten promover proyectos que no recibirían financiamiento de otra manera. También apuntan a la existencia de varios estándares internacionales robustos, como VERRA, Gold Standard, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que están en transición hacia el Mecanismo de Desarrollo Sostenible. Otros más cuestionan que los mercados de carbono distraen la atención sobre lo que debería del ser el centro de la discusión global: el financiamiento sobre el desarrollo sostenible en los países del Sur Global.
Como en otros países, México sigue enfrentando desafíos como la falta de un mercado regulado, de conocimiento y capacidades empresariales, así como los bajos precios del carbono, que rondan los 2 euros por tonelada, en comparación con los 90 euros en mercados europeos. No obstante, existe un gran potencial de crecimiento, especialmente en la gestión de residuos y reforestación. Por ello es necesario redoblar la labor de organizaciones como la Plataforma Mexicana de Carbono que difunde información sobre el funcionamiento de estos mercados y los estándares de evaluación para asegurar la adicionalidad e integridad de los proyectos, fortaleciendo así la confianza en estos mercados.
Más importante aún es que estos proyectos no sólo reduzcan emisiones, sino que también impulsen el desarrollo comunitario, permitiendo movilizar financiamiento y posicionando a México como líder en soluciones sostenibles y justicia climática.
e a Isabel Studer en LinkedIn y X como @isastuder.
