El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó directamente el robo y contrabando de combustibles, conocido como huachicol, con el financiamiento del narcotráfico y la violencia asociada a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emprendió acciones contra redes de facilitadores involucradas en esquemas de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, los cuales generan ingresos ilícitos que fortalecen las operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
El Tesoro señaló que estos esquemas incluyen el uso de empresas fachada, falsificación de documentos aduaneros y evasión de impuestos en México, particularmente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permite a los grupos criminales obtener “decenas de millones de dólares anuales”.
Sanciones
Como parte de estas acciones, OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a estas operaciones. Entre ellos destaca Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como operador financiero que facilita la creación de empresas pantalla y la manipulación de documentación para el traslado ilícito de combustibles.
De acuerdo con el documento, el CJNG, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, ha ampliado sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico, incursionando en el robo, adulteración y tráfico de hidrocarburos.
Estas actividades, conocidas como huachicol, se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento no relacionadas con drogas para los cárteles.
El Tesoro detalló que estas redes operan mediante esquemas transfronterizos en dos vías: por un lado, el crudo robado en México es introducido a Estados Unidos, frecuentemente mal etiquetado como residuos industriales; por otro, combustibles refinados como gasolina y diésel son enviados desde territorio estadounidense hacia México para su comercialización ilegal, evadiendo cargas fiscales.
Según FinCEN, estos esquemas implican la participación de empresas de logística, transporte y distribución de combustible en ambos países, así como el uso del sistema financiero internacional para transferencias de recursos.
En los últimos 12 meses, la dependencia recibió más de 160 reportes de actividades sospechosas que involucran más de 7 mil millones de dólares en operaciones potencialmente vinculadas a estas redes.
El documento también señala que los grupos criminales utilizan intermediarios con acceso al sistema financiero mexicano para realizar transferencias internacionales, así como depósitos estructurados en efectivo provenientes de otras actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico.
Los recursos obtenidos son posteriormente canalizados hacia la compra de bienes como bienes raíces, artículos de lujo y activos de inversión.
Asimismo, el Tesoro indicó que el combustible robado o introducido ilegalmente se distribuye en el mercado mexicano a través de estaciones de servicio afiliadas o controladas por estas redes, así como en puntos de venta informales. Reportes públicos citados en el comunicado estiman que entre una cuarta parte y un tercio del combustible comercializado en México podría tener origen ilícito.
Corrupción en México
Las autoridades estadounidenses también señalaron que estas ganancias ilícitas han sido utilizadas para financiar actividades de corrupción, incluyendo pagos a actores políticos y otros mecanismos para asegurar control operativo en distintas regiones.
Las acciones anunciadas fueron coordinadas con diversas agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional, así como con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíben transacciones con ciudadanos estadounidenses.
Además, el Tesoro advirtió que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones relacionadas con estos esquemas.
El comunicado subraya que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar las redes financieras que sostienen a organizaciones criminales transnacionales, mediante el uso de inteligencia financiera y mecanismos regulatorios.
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