La iniciativa constitucional de reforma eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es de manera analógica, un par de zapatos que aprietan y frenan a México, consideró Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).
“Con unos zapatos que aprietan, no podemos caminar ni mucho menos correr hacia el futuro, de hecho nos pueden frenar y lastimar”, indicó.
Durante su ponencia este lunes en el Foro 18 del Parlamento Abierto sobre la materia, explicó que para tener un calzado que le quede bien a la economía del país se requiere apostar por innovación y mayores inversiones.
Señaló que hoy por hoy, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no cuenta con la infraestructura ni los recursos para atender la demanda de energías renovables y así avanzar hacia un futuro de menos emisiones.
“Las empresas globales podemos y queremos ayudar pero la iniciativa simplemente no nos deja”, subrayó.
Enfatizó en el poco margen de acción que tiene México para combatir la crisis climática y el cómo empresas globales tienen claros sus objetivos para el uso de energías renovables en el 100% de sus operaciones para 2024, un año que está a la vuelta del esquina, dijo.
“Si no producimos energías limpias, fracasaremos contra la lucha del cambio climático (…) México podría enfrentar aranceles y cuotas a sus productos perderíamos mercado y competitividad, además si una empresa ve que en México no podrá cumplir sus metas de energía simplemente se irá”, sostuvo De la Fuente.
En su propuesta, el también presidente de Shell, llamó a eliminar el miedo de trabajar de la mano, el sector público-privado, tal y como lo han hecho países como China o Arabia Saudita.
“En política como en los negocios nada está escrito en piedra encontremos los puntos en común”, invitó.
Aunque Ninel Escobar Montecinos, especialista en adaptación al cambio climático celebró que la iniciativa eleve de rango la transición energética, destacó que falta integrar el criterio de justicia en el concepto de transición energética en línea con los compromisos internacionales.
A la par, no reconoce las problemáticas y las diferencias económicas sociales y ambientales locales en torno a las actividades del sector energético.
“La transición energética justa debe ser abordada como una política transversal más allá del sector energético y no puede estar liderada por una empresa paraestatal exclusivamente”, señaló.
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