La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) y el Gremio Gasero Nacional tuvieron posturas encontradas respecto al control de precios del combustible por parte del Gobierno federal.
“Las empresas permisionarias de Gas L.P. apoyamos la política energética y de control de precios al público del Gobierno de México, respaldamos el objetivo de mantener un precio asequible para los consumidores y reiteramos el compromiso de continuar con el esfuerzo para garantizar la cobertura de suministro, cumpliendo con estándares de calidad en el servicio y seguridad en las operaciones”, informó la AMEXGAS en un posicionamiento.
Al respecto el Gremio Gasero Nacional respondió que “en gran parte diferimos por la forma, hoy día y con este Gobierno las estrategias deben ser diferentes y no de retar, sino de buscar soluciones. Tenemos el mismo problema con enfoques diferentes”, señaló en una breve respuesta.
La AMEXGAS señaló que las mil 113 plantas de distribución y más de 32 mil unidades de reparto, que constituyen la infraestructura construida a lo largo de décadas por empresarios mexicanos, generan 200 mil empleos directos y realizan diariamente mas de un millón de entregas a domicilio.
Explicó que en la actividad de distribución de Gas L.P los vehículos de reparto recorren mas de 60 millones de kilómetros al mes, por lo que a diferencia de la actividad de expendio de otros combustibles como la gasolina, se deben cubrir los salarios del personal de reparto, gastos de combustible de aproximadamente 40 millones de litros al mes, así como afrontar gastos de conservación de llantas, válvulas, mangueras, y en general de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de reparto e instalaciones de plantas, así como su eventual reemplazo.
“Todo ello es fundamental para garantizar una operación segura y sin accidentes durante los suministros realizados en el domicilio de los usuarios, así como al interior de las Plantas de Distribución”, indicó AMEXGAS.
“Manifestamos con preocupación que, desde octubre pasado, la situación financiera del sector se ha agravado debido a una reducción del 50% en la tarifa de distribución, que se deriva de que la Comisión Reguladora de Energia (CRE) dejó de reflejar adecuadamente las variaciones del precio internacional en los precios al público mientras que PEMEX sí lo ha hecho en sus precios que ofrece a las distribuidoras”, indicó.
La diferencia entre el precio público y el precio de PEMEX determina la tarifa de distribución, misma que debe ser suficiente para cubrir todos los costos y gastos operativos incurridos en la entrega a domicilio del combustible y otras obligaciones de la actividad permisionada.
Sin embargo, el nivel actual de la tarifa no permite cubrir costos como la nómina, combustible y mantenimiento del equipo, mismos que han aumentado debido a cambios regulatorios así como por el incremento de sueldos, costo de insumos y servicios.
“Esta situación pone en grave riesgo tanto la cobertura de servicio como la seguridad del abasto del gas doméstico en el país”, advirtió AMEXGAS.
“En diversas mesas de trabajo realizadas con la CRE y Hacienda se ha expresado claramente que los permisionarios de distribución de Gas L.P. apoyamos la política de precios máximos en beneficio de los consumidores, priorizando la seguridad, el abasto y el servicio continuo”, abundó.
En dicha mesas de trabajo, y con un espíritu constructivo y de diálogo, hemos solicitado respetuosamente a las autoridades que, manteniendo la metodología de control de precios máximos, se revise la fórmula y los criterios utilizados para determinar la tarifa de distribución, incluida en los precios al publico, considerando que el ajuste de dicha metodología permitirá contar con precios asequibles para los consumidores y una tarifa de distribución que cubra los costos, gastos e inversiones de la actividad permisionada, añadió la AMEXGAS.
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