La obligación de incorporar almacenamiento de energía en los proyectos eléctricos bajo el esquema de inversión mixta podría elevar los costos en hasta 840 millones de dólares, de acuerdo con un análisis de la consultoría Caraiva y Asociados.
El nuevo requisito establece que las centrales deberán integrar sistemas de baterías equivalentes al menos a 30% de su capacidad, con una duración mínima de tres horas, lo que añade un componente intensivo en capital que no estaba plenamente contemplado en todos los modelos de inversión.
Además del incremento en costos, el esquema introduce incertidumbre técnica, ya que el tamaño final del almacenamiento podrá ajustarse con base en estudios del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), obligando a los desarrolladores a redimensionar sus proyectos conforme avance su desarrollo.
Transmisión, el cuello de botella
El impacto del almacenamiento se suma a una serie de riesgos estructurales que enfrenta el paquete de 7 mil 411 MW adjudicado. Uno de los principales es la falta de capacidad de transmisión, pues solo alrededor de 17 de los 37 proyectos cuentan actualmente con condiciones claras de interconexión, mientras que regiones como la Península de Yucatán y el noreste presentan déficits en infraestructura eléctrica.
El rezago en la expansión de la red agrava el escenario. Aunque se contemplan 154 obras de transmisión, únicamente 30 han sido concluidas, lo que eleva el riesgo de que parte de la nueva capacidad no pueda ser despachada de manera efectiva.
A esto se suma que la capacidad adjudicada superó la meta original del proceso, al alcanzar 7 mil 411 MW frente a los 6 mil 500 MW previstos, lo que implica una sobreasignación que podría traducirse en recortes de generación y mayores compromisos de compra para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el frente operativo, los proyectos aún enfrentan retos relevantes antes de su ejecución, como el cierre financiero, la firma de contratos, la obtención de permisos ambientales, consultas sociales y estudios de interconexión, procesos que podrían retrasar su entrada en operación.
Si bien el esquema ha reactivado el interés de la inversión privada, con 80 empresas participantes y 244 propuestas presentadas, el análisis advierte que su éxito dependerá de resolver los cuellos de botella regulatorios y de infraestructura.
“El almacenamiento obligatorio no solo encarece los proyectos, sino que también redefine las condiciones de desarrollo del sector eléctrico, al introducir mayores exigencias técnicas en un sistema que aún enfrenta limitaciones estructurales para integrar nueva capacidad”, añade el análisis.
Comenta y síguenos en X: @Adri_Telecom / @Energy21Mx
