El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la reforma judicial y la desaparición de los organismos reguladores, podría generar un impacto económico negativo de 0.3 puntos porcentuales en el PIB por la caída de inversiones privadas.
“En materia de empleo esto tendría un impacto importante. La sola reducción en la inversión implicaría dejar de crear poco más de 60 mil empleos. El menor avance del PIB total en un punto porcentual representaría dejar de crear 200 mil nuevos puestos de trabajo”, advirtió el organismo.
Respecto a las cuentas públicas, una disminución de un punto porcentual en el crecimiento del PIB inhibiría un aumento de los ingresos tributarios en aproximadamente 53 mil millones de pesos.
“La cifra no es trivial si se considera que para 2025 el gasto deseable para el programa de atención a la salud es de 50.8 mil millones de pesos y para el de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez es de 51.8 mil millones de pesos”, indicó.
“El entorno que vive el país podría ser visto como mayor riesgo para los mercados financieros, lo que llevaría a un aumento en el costo del financiamiento”, mencionó.
En este caso, se puede decir que un aumento de 100 puntos base en la tasa de interés nominal significaría un aumento del costo financiero del sector público en aproximadamente 30 mil millones de pesos.
Monto que igualmente no es insignificante, puesto que supera el gasto deseado en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de 25.1 mil millones de pesos y el Programa de Vacunación que es de 14.6 mil millones de pesos.
La inflación igualmente tiene efectos negativos. Un aumento de 100 puntos base en esta propiciaría que el costo financiero del sector público aumentara en 2 mil millones de pesos, además de que el impacto inflacionario en el gasto público total sería de una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente 90 mil millones de pesos.
En cuanto al sector externo, se calcula que una disminución de un punto porcentual en el crecimiento de las exportaciones afectaría el crecimiento del PIB total en 0.25 puntos porcentuales. Esto es relevante porque el T-MEC requiere que el país tenga un poder judicial autónomo.
“Es importante insistir en que el fortalecimiento de un ambiente de negocios idóneo es responsabilidad del gobierno”, destacó el CCE.
En un contexto en el que las Calificadoras comienzan a externar su preocupación por los posibles impactos de las políticas del gobierno tras la aprobación de sus propuestas de reformas constitucionales, es muy factible que la inversión aumente significativamente sus niveles de cautela, poniendo en espera su asignación.
Esto evidentemente afectaría el bienestar de la población al ver limitadas sus oportunidades de empleo y mejores ingresos en el mediano y largo plazos.
“Si el nuevo gobierno está comprometido con mejorar el bienestar y estimular el crecimiento, debería considerar que apresurar una reforma de esa envergadura puede crear mayores riesgos en el mediano y largo plazos y es más conveniente para el país, ahora, discutir una reforma del poder judicial verdaderamente integral”, añadió.
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