El conflicto entre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y un grupo de extrabajadores de libre designación del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) escaló hoy, luego de que los exempleados acusaron presiones e intimidación por parte del organismo regulador y afirmaron que no han renunciado a los derechos laborales que reclaman desde octubre.
La CRT informó que ya no podrá continuar la mediación que mantenía ante la Secretaría de Hacienda para atender la demanda de los extrabajadores, quienes exigen una liquidación adicional al finiquito recibido al momento de la extinción del IFT.
El organismo señaló que el proceso se interrumpe porque los propios empleados firmaron su baja para acceder a su seguro de separación, lo que obliga a que cualquier reclamación posterior sea tramitada directamente ante las autoridades laborales del país.
El grupo de exempleados, que inicialmente sumaba 133 personas y hoy se redujo a 89 desistimientos, respondió con un comunicado en el que rechaza haber renunciado a derechos laborales y asegura que la separación derivó de la desaparición del IFT por mandato constitucional.
Sostienen que la CRT y sus funcionarios mienten y desconocen la ley al afirmar que la firma de baja implica la renuncia a reclamar una liquidación adicional.
En su posicionamiento, los extrabajadores señalan además que, desde la semana pasada, mandos de la CRT iniciaron acciones de intimidación y amenazas para obligarlos a desistir de sus exigencias, lo que califican como una presión indebida contra el grupo que mantiene el reclamo activo.
También afirman que durante una manifestación realizada el 3 de noviembre sobre Avenida de los Insurgentes, personal de la CRT les comunicó que existían gestiones avanzadas ante Hacienda para el pago de indemnizaciones, afirmación que dicen luego fue desconocida por la propia autoridad.
Los extrabajadores subrayan que el seguro de separación que recibieron es una prestación que ellos mismos financiaron y que no sustituye la indemnización a la que afirman tener derecho.
Señalan como precedente que trabajadores del extinto INAI recibieron su indemnización sin que la firma de baja representara un impedimento.
Por su parte, la CRT insistió que ha mantenido comunicación continua con los involucrados, pero que ya no existe una relación administrativa que le permita intervenir.
Reiteró que sus actuaciones se han realizado conforme a la normatividad y que el caso queda ahora en manos de las instancias laborales correspondientes.
El movimiento “IFT 133”, como se identifican los extrabajadores, adelantó que continuará con sus exigencias y que informará sobre las acciones que emprendan mientras el proceso se traslada a las autoridades laborales.
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