En un giro que raya en lo absurdo, la recién estrenada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) pretende limitar por decreto la libertad de consumo de los mexicanos en el servicio de telefonía, al limitar el número de líneas que una persona puede adquirir.
En la propuesta de “Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles”, que está en consulta pública, la autoridad ha decidido unilateralmente cuánto es “suficiente” para un ciudadano, pues se establece un tope máximo de cinco líneas en prepago y diez en pospago por persona física.
Esta medida, escondida en el artículo 10 de la propuesta regulatoria, revela un desconocimiento profundo de cómo funcionan la economía familiar y las dinámicas sociales en México.
Al imponer una cuota arbitraria, el regulador asume el rol de un padre estricto, que decide que tener una sexta línea de prepago es, por definición, sospechoso o innecesario.
¿Qué pasa con el padre o madre de familia que, por economía de escala o control administrativo, decide poner a su nombre las líneas de sus hijos, sus padres mayores y quizás una para la alarma de la casa o el negocio familiar informal? Bajo la nueva óptica de la CRT, este ciudadano se topará con pared.
La medida forma parte de un mecanismo que impulsa el regulador para identificar las líneas móviles del país, y así intentar reducir los delitos de extorsión telefónica o el uso de estos aparatos para fines delictivos.
Pero, si usted necesita rebasar ese límite de cinco chips en el Oxxo o diez contratos en el centro de atención, la burocracia se dispara. La norma establece que la única excepción es para personas morales o personas físicas con actividad empresarial, a quienes se les exigirá presentar su Constancia de Situación Fiscal para acreditar dicha circunstancia.
Es decir, para comprar un insumo básico de comunicación, el regulador pretende obligar al usuario a realizar trámites fiscales. Se está condicionando el acceso a la conectividad a la formalidad tributaria, una barrera de entrada brutal en un país donde la informalidad laboral supera el 50%.
Prueba de vida, la tecnología como barrera
El absurdo no termina en el “cuántos”, sino en el “cómo”. Para obtener cualquiera de estas líneas permitidas, el usuario deberá someterse a una “Prueba de Vida” si realiza el trámite de forma remota.
Ya no basta con querer el servicio; hay que demostrar biométricamente, ante una plataforma digital, que uno es quien dice ser.
Para el alta presencial u online, la exigencia es vincular cada SIM a una CURP validada.
Y cuidado con equivocarse o dejar el trámite para después, los lineamientos advierten que cualquier chip comprado que no complete este proceso de “Alta” solo servirá para llamar al 911. Es, en la práctica, la venta de un producto inservible hasta que el usuario pase por el aro regulatorio.
El riesgo del apagón masivo
Lo más preocupante para la estabilidad del sector es la guillotina que pende sobre las líneas actuales. La propuesta da un plazo de 120 días hábiles tras la entrada en vigor para implementar las medidas. Pasado un periodo de transición posterior, las líneas que no estén debidamente asociadas a un usuario identificado bajo estas nuevas reglas serán suspendidas.
Imaginemos el impacto económico, en donde millones de líneas activas hoy, que son herramientas de trabajo para repartidores, comerciantes y estudiantes, podrían amanecer desconectadas simplemente porque sus usuarios no supieron, no pudieron o no quisieron someterse a una validación de identidad o porque excedían el “cupo” permitido por la autoridad.
La propuesta está actualmente en consulta pública. Es el momento de cuestionar si la estrategia de seguridad, cuyos beneficios son dudosos dado que el crimen organizado siempre encuentra formas de eludir estos controles, vale la pena el costo de sacrificar la libertad comercial y el acceso sencillo a las telecomunicaciones.
Limitar el número de líneas que un ciudadano puede comprar no es regulación inteligente; es una “cartilla de racionamiento” digital que trata a cada usuario como un sospechoso en potencia y no como un consumidor con derechos.
Insights ¿Por qué importa?
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Restricción de consumo arbitraria: Se impone un límite de 5 líneas de prepago y 10 de pospago por persona física. Esto criminaliza a familias o pequeños negocios que administran múltiples líneas, obligándolos a justificar su consumo con documentos fiscales.
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Riesgo de desconexión masiva (Apagón): Las líneas móviles actuales que no sean identificadas y registradas bajo las nuevas reglas en un plazo determinado serán suspendidas. Esto pone en riesgo la conectividad de millones de usuarios de prepago.
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Burocracia digital y exclusión: Para activar una línea, el usuario deberá someterse a una “Prueba de Vida” (validación biométrica o facial) en el caso de trámites remotos. Esto crea una barrera tecnológica y burocrática para poblaciones con menos acceso digital.
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Costo oculto al consumidor: Los operadores deberán invertir en las plataformas de validación y gestión de identidad, costos que, históricamente, terminan trasladándose a las tarifas y al precio final que paga el usuario.
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Falsa promesa de seguridad: La experiencia previa (como el fallido PANAUT) demuestra que estas bases de datos y registros no han logrado frenar la extorsión o el secuestro, ya que los delincuentes utilizan métodos que eluden estas regulaciones (como el roaming o VoIP).
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