Un grupo de 30 agentes aduanales concentraba el control del contrabando de hidrocarburos en México, una cifra que dimensiona la gravedad de las prácticas ilícitas que durante años erosionaron los ingresos públicos y distorsionaron el mercado energético, afirmó Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
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“No se trata de satanizar a un gremio, pero menos de 30 agentes controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país. Es un problema estructural, no un caso aislado”, subrayó el funcionario durante su participación ante las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera del Senado, donde se analizan las reformas a la Ley Aduanera.
De acuerdo con Márquez, más de 326 personas están vinculadas a proceso penal por delitos relacionados con contrabando energético, 78 han sido ya sentenciadas, y existen 818 carpetas de investigación con detenido y 6 mil 889 sin detenido. Además, 310 casos han sido judicializados ante jueces de control.
Durante la actual administración, añadió, la ANAM ha cancelado más de 45 patentes de agentes aduanales involucrados en operaciones irregulares. El universo de agentes activos ronda los 805, lo que revela que el 3.7% de los despachantes concentraba la totalidad del contrabando detectado.
Los operativos de la ANAM en Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas destaparon esquemas de evasión fiscal y simulación de operaciones. En algunos casos, detalló Márquez, se detectaron agentes que “modularon hasta 800 operaciones en una hora”, una cifra que evidencia el uso de sistemas automatizados y la ausencia de control real sobre la mercancía.
También se hallaron despachos que operaban simultáneamente desde la Ciudad de México y puertos marítimos, con adscripciones múltiples que la autoridad considera ilegales.
El patrón señala que más del 80% de los contenedores revisados pagaban menos de 50 mil pesos de impuestos, montos desproporcionadamente bajos frente al valor real de las mercancías.
De los 800 agentes analizados, 550 manejaban operaciones clasificadas como “rojas o vulnerables”, es decir, de alto riesgo fiscal. Muchos, apuntó Márquez, prefieren pagar multas reducidas antes que modificar sus prácticas, aprovechando vacíos legales que les permiten conservar sus patentes.
“Para ellos es más rentable pagar la sanción que dejar de contrabandear. Se amparan en el argumento de que no son obligados solidarios y así recuperan su patente”, explicó.
El funcionario pidió al Senado respaldar la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera impulsada por el Ejecutivo Federal, con el fin de dotar a la ANAM de mayores facultades de investigación y trazabilidad para frenar el contrabando, especialmente en sectores estratégicos como el de los combustibles.
Márquez insistió en que la intención del Gobierno federal no es perseguir al gremio aduanal en su conjunto, sino sancionar a quienes han hecho del contrabando un negocio recurrente y un obstáculo para la competencia legal en el mercado energético.
“Queremos un comercio exterior limpio, transparente, y agentes aduanales que trabajen con ética. La corrupción y el contrabando le cuestan al país miles de millones y vulneran su seguridad energética”, concluyó.
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