El sector energético atraviesa una etapa de profunda transformación institucional. Con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como nuevo ente rector, el Gobierno federal busca dar un giro al modelo regulatorio para fortalecer su papel en la transición energética. Sin embargo, esta transición también implica la herencia de diversos rezagos que la extinta CRE dejó sin resolver y que hoy representan una carga operativa, legal y técnica para la nueva administración.
1. Cuellos de botella administrativos
En los últimos años de operación de la CRE, la parálisis en la gestión de trámites fue uno de los principales problemas señalados por el sector. Al cierre de 2024, se estimaban más de 2 mil trámites pendientes de resolución, entre solicitudes de nuevos permisos, modificaciones, cesiones de derechos y prórrogas. Estos rezagos afectaron a toda la cadena de valor: desde estaciones de servicio y comercializadores de gas, hasta generadores eléctricos.
La lentitud en la tramitación generó un entorno de incertidumbre jurídica y financiera, lo que llevó a muchos inversionistas a postergar decisiones clave ante la imposibilidad de obtener autorizaciones regulatorias básicas.
2. Criterios cambiantes y discrecionalidad
Otro de los puntos críticos fue la falta de criterios técnicos uniformes. Empresas con expedientes similares recibían respuestas contradictorias: algunas eran aprobadas, otras rechazadas sin mayor explicación. Esta discrecionalidad propició un ambiente de desconfianza hacia la autoridad y una creciente judicialización de las decisiones.
El debilitamiento institucional de la CRE también se reflejó en la disminución de personal especializado, lo que redujo su capacidad de emitir resoluciones fundamentadas técnica y legalmente.
3. Normas técnicas obsoletas
Pese a los avances tecnológicos en energías limpias, movilidad eléctrica y digitalización, la CRE no logró actualizar de manera integral su marco normativo. Muchos proyectos innovadores, como sistemas de almacenamiento con baterías, las estaciones de carga para vehículos eléctricos o los esquemas de generación distribuida, operaban en un vacío regulatorio.
Asimismo, seguían pendientes lineamientos fundamentales en áreas clave como el control volumétrico, la calidad de combustibles en sitio, la interoperabilidad de redes eléctricas, la integración efectiva de energías renovables y los modelos híbridos de suministro.
4. Supervisión debilitada
La CRE perdió capacidad efectiva para inspeccionar y supervisar el cumplimiento normativo. Con más de 14 mil estaciones de servicio operando en 2024, la plantilla de inspectores activos era insuficiente para realizar visitas, verificar condiciones técnicas o sancionar irregularidades. Esta debilidad contribuyó al crecimiento de la operación informal en el mercado de combustibles y limitó la actuación frente a prácticas como el huachicol fiscal, la triangulación de productos o el uso indebido de permisos vencidos.
5. Descoordinación institucional
Durante su última etapa, la CRE operó de manera aislada frente a otras entidades clave del sector, como la Secretaría de Energía (SENER), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La falta de interoperabilidad entre plataformas digitales, así como la ausencia de criterios regulatorios comunes, dificultaron una supervisión coordinada y efectiva, limitando la capacidad del Estado para ejercer una vigilancia integral sobre las actividades del sector.
Se generaron contradicciones normativas, duplicidad de trámites y lagunas legales que afectaron tanto a usuarios finales como a operadores formales.
6. Falta de visión en la transición energética
Mientras organismos regulatorios en otras partes del mundo trazaban hojas de ruta para descarbonizar sus economías, la CRE careció de una estrategia clara para acompañar la transición energética en México. No se emitieron incentivos ni lineamientos específicos para tecnologías limpias, ni se adaptaron tarifas o modelos contractuales para facilitar su incorporación.
Esto provocó que México perdiera competitividad en proyectos de hidrógeno, almacenamiento, biocombustibles avanzados y nuevas formas de generación limpia.
7. Transparencia y participación reducida
Finalmente, la CRE fue cerrando sus canales de consulta pública, reduciendo el acceso a la información y limitando la rendición de cuentas. Esto debilitó su legitimidad frente a sus regulados.
Hacia una nueva etapa regulatoria
La creación de la CNE representa una oportunidad histórica para recuperar la confianza del sector, restablecer la eficiencia institucional y trazar una visión de largo plazo. La tarea no es menor: se trata de reorganizar el modelo regulatorio sin detener el dinamismo del mercado y sin perder de vista los compromisos de México en transición energética, sostenibilidad y atracción de inversiones.
El éxito del nuevo regulador dependerá de su capacidad para modernizar procesos, articularse con otras entidades y emitir reglas claras, técnicas y accesibles. Solo así podrá corregir los rezagos heredados y construir una regulación a la altura de los retos energéticos del país.
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