Organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que no autorice la obra denominada Gasoducto Extensión Sureste “Etapa II”, en el Golfo de México, toda vez que constituye, conjuntamente con el proyecto Gasoducto Extensión Sureste “Etapa I”, un solo megaproyecto que indebidamente fue fragmentado para su evaluación en materia de impacto ambiental.
Lo anterior resulta contrario a lo ordenado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala un posicionamiento del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA), Gente Sustentable AC, Conexiones Climáticas, entre otras asociaciones civiles.
“Esta mala práctica de las autoridades y personas promoventes violenta el derecho al medio ambiente sano toda vez que esconde los verdaderos riesgos e impactos ambientales. Los artículos 28, 30, 34 y 35 de la LGEEPA, establecen que es la obra o actividad de que se trate y nos sus partes, sus tramos o sus segmentos lo que debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental”, indicaron.
A pesar de las solicitudes que las asociaciones han realizado reiteradamente, la ASEA aprobó el proyecto del Gasoducto “Etapa I” recurriendo a prácticas prohibidas recientemente por la SCJN, como son la fragmentación del proyecto y el no uso de la mejor ciencia posible.
Tampoco se garantizó de forma adecuada el derecho de participación de las comunidades que se verán afectadas por el proyecto. Esta situación en su conjunto es violatoria de derechos humanos fundamentales como son el derecho a la información, a la participación en toma de decisiones y el derecho a gozar de un medio ambiente sano.
“Reiteramos que el proyecto en cuestión representa una grave amenaza contra el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASOGM), debido al grave riesgo de daño socioambiental que representa para los ecosistemas y la biodiversidad que se extienden a lo largo de la costa veracruzana, así como para los beneficios ambientales que prestan”, advirtieron.
La conservación y protección del CASOGM es indispensable para el bienestar de las personas y comunidades costeras y de pescadores. Los proyectos de vida de estas personas y comunidades dependen de este enorme ecosistema, por lo que resulta esencial protegerlo de megaobras de infraestructura y desarrollo que lo amenazan.
Además, frente a la crisis climática, cuyos efectos ya son visibles en las playas de Veracruz por el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos, es urgente generar una transición energética justa en lugar de seguir invirtiendo en infraestructura para energía fósil.
Hacemos nuevamente un llamado a que, al evaluar obras de esta magnitud, las autoridades correspondientes rechacen Manifestaciones de Impacto Ambiental que se presenten de forma fragmentada. De la misma manera, resulta imprescindible aplicar en dichas evaluaciones los principios de precaución y prevención como ha ordenado la SCJN. Particularmente, respecto del CASOGM, se requiere también impulsar la investigación pública para conocer dicho ecosistema con mayor profundidad, añadieron.
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