El Gobierno federal no va a claudicar en su intento de frenar a las empresas privadas del sector eléctrico en lo que resta del sexenio, a pesar de la derrota que sufrió la reforma eléctrica de Morena ayer en la Cámara de Diputados, señalaron expertos a Energy21 en entrevista.
“Podemos esperar nuevos intentos de la presente administración por cambiar la regulación, ya sea por medio de intentos de cambio a leyes secundarias o incluso nuevas propuestas de reformas constitucionales; el Presidente tiene esa facultad”, dijo Carlos Flores, analista del sector energético.
El gobierno también podría optar por bloquear a las centrales renovables por medio de mecanismos como la asignación de unidades de centrales eléctricas fuera de mérito.
“Por este mecanismo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) pudiera forzar el despacho de hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o de cualquier otra tecnología que quisiera, por encima de las centrales de los privados”, destacó el analista.
Noemí Magaña, especialista en administración pública y energía renovable, celebró que la reforma no haya prosperado en la Cámara Baja, pero consideró que persiste el riesgo latente de que surjan nuevas propuestas que atenten contra las fuentes de energía limpia.
“Ganamos una batalla pero no la guerra, proteger el medio ambiente debe ser tarea constante”, sostuvo.
“Nos preocupa que una vez desechada la reforma, se pretendan seguir impulsando maniobras desde el Gobierno para impedir la operación de los generadores privados y se obstaculice la libre competencia, todo ello en perjuicio de los mexicanos. Hacemos un llamado a que se respete la ley”, sentenció a su vez la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial reconoció el trabajo de los diputados que votaron en contra de la Reforma Constitucional en materia Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, “la cual iba en contra de la economía de las familias, el medio ambiente, la libre competencia, el cumplimiento de los tratados internacionales contraídos por México en materia económica y ambiental, y que causó una enorme incertidumbre jurídica a las inversiones”.
Durante la sesión de ayer, la propuesta no tuvo la mayoría calificada requerida en la Cámara baja, es decir las dos terceras partes de los integrantes, por lo que fue desechada.
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Afirmó que la reforma fracasó porque no se escuchó a los ciudadanos, a los sectores y a los expertos.
“Nunca más la figura de Parlamento Abierto debe desestimarse o utilizarse como un trámite, hacerlo sería apostar por una simulación”, añadió.
A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció el resultado y dijo que está dispuesto a colaborar con el Gobierno para que México tenga energía suficiente, barata y limpia para combatir el cambio climático y lograr que la economía crezca.
El CCE incluye entre sus afiliados al sector industrial, que representa el 60 por ciento del consumo eléctrico del país, así como el comercial, el agropecuario, turístico y financiero, y a diversas empresas que han desarrollado e invertido en proyectos de generación eléctrica.
Por ello expresó su interés en trabajar para impulsar condiciones que incentiven la inversión, la innovación y la competencia en la economía, priorizando siempre a las familias mexicanas.
Añadió que un país abierto y moderno como el nuestro requiere de un marco legal claro, transparente y confiable, así como de la aplicación de criterios técnicos en la operación del sector energético.
“Es necesario asegurar que existan canales de comunicación y cooperación entre el gobierno, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente agrupaciones de jóvenes, en beneficio del desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental de nuestro país”, agregó el CCE.
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