La Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoció que en el sector de petrolíferos persisten incumplimientos recurrentes por parte de permisionarios, lo que detonó la publicación de una nueva guía Guía de Obligaciones, para reforzar la supervisión y el control en toda la cadena.
El propio regulador señala en el documento que, tras un diagnóstico de su Unidad de Verificación, se detectaron fallas reiteradas en el cumplimiento de obligaciones contenidas en los títulos de permiso y en la normativa vigente. A partir de ello, emitió la guía con el objetivo de facilitar el cumplimiento, pero también de ordenar el sector y fortalecer la vigilancia.
La nueva regulación establece un esquema más estricto para estaciones de servicio y demás participantes, con obligaciones continuas de reporte operativo, comercial y técnico. Entre ellas destacan la entrega diaria de información sobre volúmenes e inventarios, la notificación anticipada de precios y la presentación periódica de dictámenes de calidad, operación y mantenimiento, lo que eleva la carga regulatoria sobre el sector.
Un eje central es la trazabilidad del combustible, al exigir que los permisionarios acrediten en todo momento la procedencia lícita del producto mediante documentación fiscal y contractual. Esta medida apunta directamente al combate del mercado ilegal de combustibles, al obligar a que cada operación pueda ser verificada tanto en papel como en campo.
La guía también consolida un modelo de supervisión digital, con sistemas de telemedición, reportes electrónicos y registros auditables que permiten al regulador monitorear la operación prácticamente en tiempo real. A ello se suma un mayor escrutinio sobre la estructura corporativa de las empresas, que deberán revelar accionistas, controladores y vínculos con otras sociedades.
En materia de seguridad, los permisionarios estarán obligados a reportar incidentes en un plazo máximo de 72 horas, además de mantener seguros vigentes y dictámenes técnicos que acrediten el estado de sus instalaciones.
El documento tiene carácter orientativo, pero también advierte que los incumplimientos serán sancionados conforme a la Ley del Sector Hidrocarburos, lo que refuerza su papel como instrumento de presión regulatoria.
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