En un análisis sobre las “Acciones Inmediatas para la Inversión” presentadas por el gobierno federal, el organismo destacó que el Plan México contempla una inversión de 523 mil millones de pesos en infraestructura carretera, aunque solo 5.3% de esos recursos está considerado actualmente en el presupuesto público.
“Esto sugiere que gran parte del plan dependerá de inversión privada y esquemas mixtos que aún no se han definido”, señaló el IMCO.
Para cerrar esa brecha financiera, el gobierno contempla mecanismos como Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (EPEMs) y Contratos de Mejora, Renovación y Operación (CMROs), mediante los cuales empresas privadas financiarían, construirían y operarían infraestructura a cambio de pagos por disponibilidad o peajes.
Capital privado
El organismo consideró que la combinación de capital público y privado puede ampliar las posibilidades de financiamiento en un contexto de restricción fiscal, aunque advirtió que la viabilidad del plan dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos y no únicamente de los anuncios.
El documento también identifica tensiones importantes en el componente energético del Plan México. El gobierno proyecta incorporar 32 gigawatts (GW) de nueva capacidad eléctrica hacia 2030, una cifra equivalente a más de un tercio de toda la capacidad instalada actual del sistema eléctrico nacional, que ascendía a 91 GW en 2024.
Sin embargo, el IMCO advirtió que la meta supera incluso los 28 GW contemplados en la planeación oficial del sector eléctrico (PLADESE 2025-2039) y enfrenta limitaciones presupuestales y operativas relevantes.
Parte importante de la expansión recaerá sobre la CFE, que deberá aportar 9.8 GW de energía firme y 11.3 GW de renovables, pese a que su presupuesto de inversión cayó 16.7% real en 2026 y mantiene antecedentes de subejercicio presupuestal.
Además, el organismo alertó que el principal cuello de botella del sistema eléctrico mexicano no está únicamente en la generación de energía, sino en la capacidad de transmisión. Entre 2018 y 2025, la red eléctrica nacional creció apenas 3.8%, lo que podría limitar que la nueva electricidad llegue efectivamente a consumidores e industrias.
“El cuello de botella estructural persiste”, señaló el IMCO al advertir que sin expansión paralela de la red de transmisión, la nueva capacidad energética podría quedarse aislada.
Esfuerzo sin precedentes
En materia regulatoria, el análisis reconoce que el Plan México representa uno de los esfuerzos más articulados del actual gobierno para atraer inversión productiva, debido a que incorpora nuevas instituciones, decretos y plazos concretos para acelerar autorizaciones.
Entre las medidas destacan la creación de una Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, una Ventanilla Única de Comercio Exterior y un esquema de fast track para proyectos prioritarios, que permitiría resolver permisos en hasta 30 días. Para el resto de inversiones, si la autoridad no responde en 90 días, la autorización se consideraría aprobada automáticamente.
No obstante, el IMCO advirtió que el nuevo esquema también implica una fuerte concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo, ya que la definición de proyectos prioritarios quedará en manos de un comité integrado exclusivamente por dependencias federales.
El organismo también identificó contradicciones entre los incentivos a la inversión y el endurecimiento simultáneo de la fiscalización tributaria mediante el Plan Maestro SAT 2026. Mientras el gobierno promete mayor certidumbre regulatoria, también prepara auditorías inteligentes, revisiones focalizadas y mayores controles contra facturación falsa.
En materia ambiental, el documento recordó que México busca elevar la participación de energías limpias desde el actual 24% hasta entre 38% y 45% hacia 2030, aunque advirtió que el margen de error para alcanzar esas metas “es mínimo” debido al retraso acumulado en infraestructura energética.
Para el IMCO, el principal riesgo del Plan México no está en su diseño, sino en la capacidad de ejecución, coordinación institucional y continuidad política para convertir las metas anunciadas en proyectos realmente operando.
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