En los pasillos del sector energético comienza a consolidarse la percepción incómoda de que las autoridades, más allá de ordenar el mercado gasolinero, lo están asfixiando.
En los últimos meses, la CNE, que comanda la secretaria de Energía, Luz Elena González, ha prorrogado la aprobación de al menos 38 trámites relacionados con estaciones de servicio, incluyendo permisos para nuevas gasolineras.
Para muchos en la industria, es la primera vez que se observa esta práctica en la CNE, y la lectura que circula entre empresarios, y que se repite en voz baja, apunta a una presión que habría sido ordenada desde la Sener para forzar el cumplimiento del acuerdo voluntario de topes de precio en combustibles.
Mientras la gasolina regular presenta niveles de cumplimiento superiores al 90%, el diésel se ha convertido en el verdadero foco rojo, pues cerca del 25% de las estaciones no respeta el tope de 27 pesos por litro. Y ahí es donde la presión parece concentrarse. El mensaje parece ser que quien no se alinea, no avanza.
Contratos de franquicia, otro dolor de cabeza
Pero los dolores de cabeza para el sector no terminan ahí, pues varios empresarios nos reportan dificultades para renovar contratos de franquicia con Pemex, que dirige Juan Carlos Fragoso. El obstáculo es llamado como la “debida diligencia”, que en la práctica se traduce en requisitos adicionales que complican o frenan los procesos.
Entre ellos, solicitudes de documentos que ya ni siquiera se emiten, como actas físicas de inmovilización de bombas, cuando hoy esos procedimientos se notifican por correo electrónico.
La consecuencia es una cadena de retrasos, incertidumbre jurídica y costos operativos adicionales que terminan impactando directamente al negocio gasolinero.
Clausuras y moches
Durante la última Convención de Onexpo, empresarios del sector me compartieron, siempre bajo condición de anonimato, señalamientos aún más delicados sobre la actuación de la ASEA, al mando de Andrea González Hernández.
De acuerdo con estos testimonios, se estarían multiplicando clausuras por incumplimientos menores, acompañadas de presuntas solicitudes de pagos irregulares que irían de los 2 a los 3 millones de pesos para retirar sellos de suspensión, lo que, de confirmarse, sería un delito a todas luces.
Quien no accede, aseguran, puede enfrentar cierres prolongados que paralizan completamente la operación. Tanto la ASEA como la Profeco han negado estas versiones.
Y es que no es la primera vez que surgen acusaciones de este tipo contra la ASEA. La prensa ya ha documentado prácticas similares en el pasado, incluyendo cobros de “cuotas” de hasta 20 mil pesos por estación para evitar inspecciones hostiles o sanciones.
El problema es que nadie quiere hablar abiertamente. El miedo a represalias regulatorias pesa más que cualquier intento de denuncia.
El resultado es un sector que se siente acorralado desde varios frentes, como los permisos que no avanzan, contratos que se traban y supervisiones que, en algunos casos, cruzan la línea hacia la discrecionalidad.
En teoría, el objetivo es ordenar el mercado y proteger al consumidor. En la práctica, la acumulación de presiones está generando un ecosistema donde operar una gasolinera se vuelve cada vez más complejo, incierto y costoso.
¿Hasta qué punto la política energética puede sostenerse si termina estrangulando a quienes operan el último eslabón de la cadena?
Es claro que cuando el regulador aprieta demasiado, el mercado no necesariamente se corrige. A veces, simplemente se asfixia.
Para entender mejor el tema
- CNE: Comisión Nacional de Energía. Nuevo regulador del sector energético encargado de permisos y supervisión.
- Sener: Secretaría de Energía. Define la política energética del país.
- ASEA: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Supervisa el cumplimiento ambiental y de seguridad en el sector hidrocarburos.
- Pemex franquicia: Modelo mediante el cual estaciones operan bajo la marca de Petróleos Mexicanos.
- Debida diligencia: Proceso de revisión documental y legal para validar que una empresa cumple con requisitos regulatorios.
- Inmovilización de bombas: Procedimiento para impedir la operación de dispensadores cuando se detectan irregularidades.
- Tope de precios: Acuerdo (en este caso voluntario) para limitar el precio máximo de venta de combustibles.
