En México, defender el medio ambiente sigue costando la vida, ya que en 2025 al menos 10 activistas fueron asesinados, de acuerdo con el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que documenta un entorno de agresiones persistentes contra quienes protegen el territorio.
Entre los casos registrados se encuentra el de Arnoldo Nicolás Romero, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), quien fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida con impactos de arma de fuego en Oaxaca. Su actividad estaba vinculada a la defensa del territorio en la región del Istmo de Tehuantepec.
También en Oaxaca, Cristino Castro Perea, defensor comunitario de Barra de la Cruz, fue asesinado a tiros. El informe lo ubica como opositor a actividades que afectaban recursos naturales en su comunidad.
Otro caso documentado es el de Lorenzo Santos Torres, defensor comunitario en la región sur del país, quien fue privado de la vida en un contexto de conflicto territorial vinculado al uso de recursos naturales.
En Michoacán, Roberto Chávez Bedolla, campesino y defensor ambiental, fue asesinado con arma de fuego. De acuerdo con el informe, su labor estaba relacionada con la defensa del agua, los bosques y la tierra, además de haber señalado presiones en su comunidad.
El reporte también incluye el caso de Ismael Villagómez Tapia, periodista y defensor, asesinado en el norte del país, cuya labor estaba relacionada con la cobertura de temas de seguridad y territorio.
Asimismo, se documentan homicidios en Jalisco, entidad que concentró tres de los 10 asesinatos registrados durante el año. En estos casos, las víctimas estaban vinculadas con la defensa de recursos naturales o la oposición a proyectos en sus comunidades.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, varios de los homicidios ocurrieron en contextos donde existían antecedentes de amenazas, conflictos socioambientales o disputas por el uso del territorio.
Más allá de los asesinatos, el informe documenta 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas contra personas defensoras durante 2025, lo que refleja la amplitud del fenómeno.
En cuanto a los presuntos responsables, el Cemda señala que 56.2% de las agresiones fueron atribuidas a autoridades de distintos niveles de gobierno, seguidas por empresas privadas, particulares y grupos del crimen organizado.
Por tipo de conflicto, los sectores con mayor incidencia fueron agua, biodiversidad, energía e infraestructura, áreas donde se concentran disputas por recursos estratégicos.
El documento también indica que una proporción relevante de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas o rurales, lo que coincide con la localización de los conflictos socioambientales.
En términos territoriales, las entidades con mayor número de agresiones fueron Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, mientras que Jalisco destacó por la concentración de homicidios.
Finalmente, el informe advierte que la mayoría de los casos de agresión, incluidos los asesinatos, no ha derivado en sanciones, de acuerdo con el seguimiento realizado por la organización.
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