Un juez federal en Sonora otorgó una suspensión definitiva que bloquea cualquier autorización ambiental y el inicio de obras del proyecto AMIGO GNL en Guaymas, mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la organización Nuestro Futuro A.C.
La resolución impide que el megaproyecto avance, incluso si cuenta con una autorización de impacto ambiental emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
El fallo deriva de la ampliación del recurso legal interpuesto por la organización civil, que ha cuestionado el proceso de evaluación ambiental desde sus primeras etapas.
De acuerdo con el expediente, el proyecto, que contempla infraestructura terrestre y marítima para licuar gas proveniente de Estados Unidos y exportarlo hacia Asia, ha enfrentado señalamientos por presuntas irregularidades en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), fallas en la consulta pública y contradicciones sobre la propia autorización ambiental.
“La suspensión definitiva pone un límite claro: AMIGO GNL no puede avanzar mientras existan cuestionamientos sobre su legalidad y sus impactos”, señaló Nora Cabrera, directora ejecutiva de Nuestro Futuro.
Riesgos ambientales
El desarrollo plantea exportaciones de hasta 7.8 millones de toneladas anuales de gas natural licuado en una segunda fase, así como el tránsito de hasta 175 buques metaneros por el Golfo de California, uno de los ecosistemas marinos más diversos del mundo.
Especialistas han advertido riesgos asociados al incremento del tráfico marítimo, como ruido submarino, colisiones con cetáceos, alteraciones en la calidad del agua y la introducción de especies invasoras, además de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la cadena del gas.
En paralelo, más de 100 científicos nacionales e internacionales difundieron un pronunciamiento en el que calificaron como “inaceptable” el desarrollo de infraestructura de GNL en la región, al considerar su alta sensibilidad ecológica y su relevancia global en biodiversidad marina.
Nuestro Futuro subrayó que la resolución judicial no constituye aún una sentencia de fondo, pero sí mantiene detenido el avance material del proyecto mientras se define la legalidad de los permisos impugnados.
La organización ha impulsado otras acciones legales en la región, incluida la llamada “Demanda de las Ballenas”, enfocada en ampliar la protección jurídica del ecosistema frente a proyectos de gas natural licuado.
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