Mañana jueves, a las 11 de la mañana, los gasolineros y el Gobierno firmarán la renovación del Pacto Voluntario sobre los precios tope de los combustibles, un acuerdo que no tiene nada contentos a los gasolineros, luego de que sus márgenes de ganancias en el diésel se han desplomado más de 30% por cada litro vendido.
La convocatoria llegó hace unos días y no deja lugar a dudas sobre el tono de la reunión. Cito textual: “se le convoca a la mesa de trabajo donde se presentará el documento que da cuenta del refrendo de la ‘Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Favor del Pueblo de México‘”.
La reunión la encabezan las personas titulares de Energía, Luz Elena González Escobar, y de Hacienda, Edgar Amador. Solo podrán acceder dos representantes por empresa, por “cuestiones de espacio”, dice el oficio, y había que confirmar asistencia el lunes a las 4 de la tarde. Todo muy protocolario. Todo muy decidido de antemano.
Porque se trata de un refrendo, no de una negociación.
Lo que se firma mañana
Aunque el precio exacto no se conocerá hasta la reunión, todo apunta a que los topes se mantendrían prácticamente en torno a los 24 pesos por litro para la Magna, y 27 pesos para el diésel, posiblemente con algunas variaciones en términos de centavos, pero no más.
Sin sorpresas y sin sobresaltos respecto al esquema vigente. Una foto fija que el Gobierno quiere seguir mostrando como estabilidad y que, para buena parte de la industria, empieza a parecerse más a una foto congelada de un negocio que ya no cierra las cuentas.
Lo que el boletín oficial no señala es que a los gasolineros originalmente se les dijo que el pacto duraría seis meses. Ya va para el segundo semestre, y el horizonte de la guerra en Medio Oriente, que sigue sin dar señales de resolverse, hace prever que la vigencia se extienda otros seis meses más.
Lo que se planteó como una medida temporal para amortiguar la volatilidad del crudo se está convirtiendo, en los hechos, en un mecanismo permanente de control de precios con fecha de caducidad que nadie se atreve a poner.
Gasolineros ahorcados
Y mientras el pacto se prorroga, el margen de los gasolineros se desploma. Según datos de la propia Profeco, entre agosto de 2025 y agosto de este año el margen de ganancia en diésel cayó 36%, al pasar de 2.65 a 1.7 pesos por litro.
El de la Magna bajó 3%, de 2.02 a 1.95 pesos por litro. Mientras la gasolina resiste, el diésel que mueve la carga, el campo y buena parte de la logística del país, se está quedando sin aire.
Para un empresario gasolinero, esos centavos no son un detalle contable, pues son la diferencia entre un negocio viable y uno que sobrevive por inercia. Y la geografía agrava el problema.
En la península de Yucatán, por ejemplo, las condiciones logísticas para transportar combustible, que implica distancias, costos de flete, e infraestructura, simplemente no permiten operar con esos márgenes y aún así cumplir con los topes del pacto. No es que no quieran; es que la cuenta no da.
Ahí está la contradicción que nadie va a plantear en voz alta mañana en el auditorio de SENER. El gobierno pide un compromiso nacional homogéneo, un precio tope válido a nivel nacional, sobre una industria que no opera de manera homogénea.
Los costos de distribución no son los mismos en el centro del país que en la frontera sur, y un esquema que ignora esa realidad termina castigando más a quien menos margen de maniobra tiene.
El gobierno, por su parte, tiene un argumento políticamente irrefutable. La estabilidad de precios en un contexto de guerra y crudo volátil es, sin duda, un beneficio tangible para millones de familias y para el control de la inflación.
Nadie en su sano juicio va a salir a defender que la gasolina suba. Pero la pregunta que debería estar sobre la mesa mañana, y que probablemente no lo estará, es hasta cuándo es sostenible pedirle a un sector privado que absorba, trimestre tras trimestre, el costo de una estabilidad que beneficia a todos menos a quien la financia con su margen.
Un pacto “voluntario” que se firma bajo la lógica de “refrendo”, sin negociación real de las condiciones que lo hacen inviable en ciertas regiones, deja de ser voluntario en el sentido estricto de la palabra. Es, más bien, una invitación que es mejor no rechazar.
Mañana, a las 11 en punto, lo volverán a firmar. La pregunta es cuántos meses más aguanta el margen antes de que alguien, en algún lugar del país, decida que ya no le salen las cuentas.
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