La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este martes un decreto orientado a reforzar la transparencia del Gobierno federal, lo que incluye a las empresas estatales de energía.
La disposición contempla una mayor disponibilidad de información pública, la actualización mensual, en lugar de trimestral, de los contratos gubernamentales, así como la incorporación de nuevos datos sobre las subsidiarias de Pemex y CFE, procesos de auditoría y fiscalización, y criterios más estrictos para justificar la reserva de información.
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el objetivo del decreto es ir más allá de lo que actualmente exige la ley y avanzar hacia un principio de máxima publicidad.
Adelantó, además, que se trabaja en reformas a la Ley General de Transparencia para dar carácter permanente a estas disposiciones.
Buenrostro también informó que la Plataforma Nacional de Transparencia ya opera de forma estable, luego de haber sido trasladada desde el extinto Inai a la dependencia que encabeza, tras un periodo de fallas recurrentes. Dijo que la plataforma cuenta ahora con nuevas funciones para facilitar la consulta y el análisis de datos, y se comprometió a incorporar contenidos adicionales de interés público en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
De acuerdo con la funcionaria, el decreto se estructura en torno a cuatro ejes: contrataciones públicas, subsidiarias de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, y un llamado a otros poderes y órdenes de gobierno para sumarse al mismo principio de máxima publicidad.
Entre los cambios anunciados, los contratos del Gobierno federal, antes publicados cada trimestre, pasarán a actualizarse mensualmente, con el fin de mantener al día la información sobre adquisiciones y obra pública.
Buenrostro precisó que las filiales de Pemex y CFE tendrán que hacer pública información adicional, entre ella estados financieros, reportes presentados ante organismos extranjeros, normas de gobierno corporativo, políticas operativas y contratos.
En el rubro de fiscalización, anunció que se difundirán datos adicionales sobre los programas anuales de auditoría, estadísticas asociadas, el seguimiento a observaciones realizadas y el listado de despachos de auditores externos autorizados.
La funcionaria adelantó también que el Ejecutivo propondrá cambios a la Ley General de Transparencia para acotar las causales de reserva de información, limitándolas a asuntos de interés público y seguridad nacional, y priorizando la elaboración de versiones públicas de los documentos siempre que sea posible.
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